En el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2023, publicado por Reporteros Sin Fronteras, Ecuador cayó 12 posiciones, pasando del puesto 68 en 2022 al puesto 80 en 2023. Asimismo, la puntuación de Ecuador bajó de 64.6 sobre 100 puntos en 2022 a 60.5 en 2023.
Aunque estas cifras muestran mejores condiciones para Ecuador que para los países vecinos como Colombia (45.2 puntos) y Perú (52.7 puntos), Reporteros Sin Fronteras argumentó: “Los periodistas en Ecuador trabajan en un clima de creciente hostilidad, peligro físico y autocensura, marcado por un aumento en el poder de las bandas criminales y los cárteles de la drogas, así como un aumento en las amenazas, ataques físicos e incluso asesinatos”.
En marzo de 2023, cinco periodistas ecuatorianos prominentes —Lenín Artieda, Carlos Vera, Mario Rivadeneira, Mauricio Ayora y Milton Pérez— recibieron explosivos en forma de unidad USB. Artieda, el único periodista que insertó la unidad USB en su computadora, sufrió heridas leves porque “solo se activó la mitad del explosivo”.
En 2023, cinco periodistas han abandonado Ecuador debido a las violentas amenazas, principalmente de organizaciones criminales y funcionarios ecuatorianos. Esta investigación explica cómo los periodistas se ven obligados a abandonar el Ecuador debido a las violentas amenazas de organizaciones criminales locales y extranjeras que presuntamente han infiltrado el Estado y sus instituciones, como la Policía Nacional. El Impunity Observer entrevistó a:
- Jefferson Sanguña (Quito), experiodista de La Posta;
- Juan José Albán (Quito), periodista en La Posta;
- Janet Hinostroza (Quito), presentadora de Vis a Vis en el canal Visionarias Ecuador;
- Karol Noroña (ubicación desconocida), la primera periodista exiliada de Ecuador en 2023.
2023: El año del abandono
El 25 de julio de 2023, el medio de noticias digitales ecuatoriano La Posta anunció que los periodistas Andersson Boscán y Mónica Velásquez habían abandonado el país debido a amenazas de muerte. Boscán, cofundador de La Posta, y Velásquez, periodista de La Posta, son los cuarto y quinto casos reportados de periodistas exiliados de Ecuador en 2023.
La declaración de La Posta dice: “Boscán y Velásquez fueron obligados a abandonar el país debido a amenazas concretas y preocupantes para su seguridad individual y la de sus familias. Las amenazas recibidas son consecuencia de sus investigaciones”. El medio sostiene que la administración de Lasso está actuando en represalia por la investigación que reveló presuntos tráficos de influencia entre el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso y su cuñado Danilo Carrera.
El 24 de marzo, Karol Noroña —una periodista del medio de noticias local GK— abandonó el país y se dirigió a un “destino seguro” debido a amenazas de muerte después de investigar al crimen organizado, el poder de los criminales dentro de las cárceles ecuatorianas y los vínculos entre los agentes de policía y las mafias. Fue la primera periodista ecuatoriana que se exilió en 2023.
Según GK, el medio de noticias “se vio obligado a activar su protocolo de seguridad con Noroña, ya que se confirmó el 24 de marzo que había una situación que amenazaba su vida e integridad física, relacionada con su cobertura de la crisis carcelaria y el crimen organizado”. El comunicado agrega: “Este es un ejemplo de cómo la crisis de inseguridad y el narcotráfico, que han tomado el control del país, afectan a toda la sociedad”.
El nombre del segundo periodista exiliado de Ecuador sigue siendo desconocido debido al temor a represalias. Sin embargo, abandonó el país en abril, un mes después de que Noroña se exiliara. Según Unchained Journalists, una ONG local que aboga por la libertad de prensa, el periodista informó de las amenazas a la Fiscalía General, el ministro de seguridad y la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Sin embargo, el periodista aún tuvo que huir del país al percibir que su vida estaba en peligro.
Lisette Ormaza, reportera de Majestad TV, un canal de la provincia de Santo Domingo, fue la tercera periodista exiliada en 2023. Después de investigar un accidente automovilístico que resultó en la muerte de dos personas y reveló irregularidades de una empresa de transporte público, el automóvil de Ormaza fue empujado hacia un barranco por otro vehículo. Luego recibió amenazas de muerte y un mensaje de texto que decía: “La próxima vez, las consecuencias serán mucho peores”.
Janet Hinostroza ha vivido este reto muy de cerca: “Dos periodistas abandonaron el país porque corrían el riesgo de ser asesinados, y otro colega tuvo que ser trasladado a otra ciudad para reducir el riesgo al que estaba expuesto”.
Las mafias y los funcionarios ecuatorianos no dejan impune ninguna buena acción
Tanto GK como La Posta han investigado cómo operan las organizaciones criminales y cómo están penetrando en el estado ecuatoriano y las fuerzas del orden. Según las experiencias de todos los entrevistados, las amenazas que han recibido provienen del estado, grupos criminales e incluso miembros de partidos políticos después de revelar información sobre bandas y presuntos vínculos entre el crimen organizado y altos funcionarios del gobierno.
Por ejemplo, la investigación de La Posta sobre la administración Lasso y su círculo íntimo, El Gran Padrino, se basa en un informe de la Agencia Antinarcóticos de la Policía Ecuatoriana. Aunque el informe policial se centra principalmente en cómo opera la mafia albanesa en el país, revela con material audiovisual una relación amistosa entre Danilo Carrera y Rubén Cherres.
Carrera es el cuñado de Lasso y una figura paterna, ya que le dio al presidente actual su primer trabajo y nombró a Lasso presidente del ahora desaparecido Banco Finansur en 1984. Rubén Cherres, según una investigación de La Posta, es un operador de la mafia albanesa en Ecuador y ha sido acusado previamente de narcotráfico.
La investigación de La Posta, realizada por Boscán y otros ocho periodistas, explica cómo Carrera y Cherres —que no ocupaban ningún cargo en la administración Lasso— supuestamente manejaban una red de contratos falsos con el Estado ecuatoriano en sectores estratégicos como el petrolero y el eléctrico. Además, la investigación revela que tanto Carrera como Cherres recomendaban personas para convertirse en funcionarios del gobierno bajo la administración Lasso. Este es el presunto caso de Bernardo Manzano, quien fue nombrado ministro de agricultura en 2022 y renunció después de hacerse público que Cherres supuestamente lo ayudó a obtener el trabajo un año antes de su posesión.
El trabajo de Noroña en GK se centró en el crimen organizado. Sin embargo, ella le dijo al Impunity Observer que comenzó a identificar a funcionarios del Estado y de la policía que trabajaban junto a criminales. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Noroña publicó un artículo sobre un miembro activo de las fuerzas armadas que era el líder de una banda de sicarios. Sin embargo, el juez Ricardo Arias liberó al presunto líder de la banda por “no tener suficientes pruebas en su contra”.
En uno de sus últimos artículos, publicado el 6 de marzo (18 días antes de su exilio), Noroña reveló que altos funcionarios de la policía estaban silenciando a disidentes dentro de la institución. El artículo sostiene que la policía ecuatoriana no es autónoma y que los funcionarios de alto rango actúan de acuerdo con la administración en funciones en lugar de actuar de manera independiente.
El asesinato de un periodista candidato presidencial
El 9 de agosto, el candidato presidencial y periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado por múltiples disparos al salir de un mitin en la ciudad capital de Quito. Aunque seis presuntos pistoleros siguen bajo custodia del Estado, los autores intelectuales del asesinato siguen siendo desconocidos.
Villavicencio fue un periodista que centró su trabajo en la corrupción y las bandas criminales. Sin embargo, se convirtió en asambleísta entre 2021 y 2023 y en candidato presidencial para las elecciones presidenciales de 2023.
Como periodista, Villavicencio lideró alrededor de 260 investigaciones contra presidentes y funcionarios de alto rango del gobierno ecuatoriano, especialmente durante la administración de Rafael Correa (2007-2017). Debido a su investigación sobre sobornos, que presentó al fiscal general, el expresidente Correa fue condenado a ocho años de prisión por sobornos y tráfico de influencias junto al vicepresidente Jorge Glas. Sin embargo, Correa huyó a Bélgica y es un prófugo de la justicia ecuatoriana.
Como candidato presidencial, Villavicencio ofreció reducir la crisis de inseguridad y la corrupción dentro del Estado y sus instituciones. En una entrevista con el canal de televisión local Ecuavisa el 9 de agosto, horas antes de su asesinato, Villavicencio manifestó de que varias instituciones, incluida la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, habían sido tomadas por mafias. Aunque no proporcionó más detalles sobre cómo estaban vinculados los grupos criminales a las agencias del orden, prometió poner fin a esto.
Lo que pasan los periodistas
Cada experto entrevistado por el Impunity Observer coincidió en que Ecuador se ha vuelto peligroso para los periodistas. Según Fundamedios, una organización que aboga por la libertad de expresión, hubo 356 agresiones contra periodistas en 2022. El año anterior, Fundamedios registró 289 agresiones, 67 menos. Estas agresiones provienen principalmente de funcionarios y organizaciones criminales.
Para Noroña, las condiciones cada vez peores en términos de seguridad para los periodistas se hicieron visibles después del asesinato de dos periodistas y su chofer en 2018 en San Lorenzo, Esmeraldas, una ciudad que limita con Colombia. Una facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) secuestró y mató a los tres ecuatorianos después de fallidas negociaciones entre el Estado y la organización criminal.
“Este trágico suceso —explica Hinostroza— dio a conocer la presencia del crimen organizado y el narcotráfico, un nuevo actor en la realidad del país. Antes de eso, la principal amenaza para los periodistas era el poder político y la corrupción, sobre todo del gobierno de Rafael Correa, que adoptó una posición de intolerancia a la crítica y las posiciones contrarias a su accionar y pensamiento”.
“Esto cambió con la llegada al poder de [el presidente] Lenín Moreno (…) y se afianzó con [el presidente] Guillermo Lasso quien reformó la Ley de Comunicación, que había sido utilizada por ciertos políticos como arma contra la libertad de expresión. La semana pasada Lasso firmó el reglamento para la aplicación de esta ley, que contempla garantías para el libre trabajo de la prensa y un sistema de protección para los periodistas que sufran amenazas.”.
Sin embargo, los entrevistados resaltan que la crisis de inseguridad afecta a todos los ciudadanos, independientemente de su profesión. Además, la falta de confianza en las fuerzas del orden sugiere que la protección del Estado dista mucho de ser suficiente para calmar los temores.
Sanguña, quien dejó su trabajo en La Posta, reveló al Impunity Observer que una de las principales razones para dejar el medio de noticias fue la inseguridad que sentía al trabajar. Para él, “Ecuador no es seguro para los periodistas” debido a las constantes amenazas violentas en contra del equipo de La Posta por parte de actores poderosos.
Albán, quien todavía trabaja en La Posta, confiesa tener miedo al realizar su trabajo. Albán y Sanguña, que han sido objeto de amenazas dirigidas a Boscán y su equipo, revelaron que durante la investigación los periodistas tuvieron que reunirse en lugares secretos para trabajar juntos por razones de seguridad. Albán explica que el equipo de La Posta está implementando políticas de seguridad, como contratar seguridad privada en sus oficinas para evitar posibles ataques y trabajar de forma remota en días aleatorios.
Noroña comenzó a recibir violentas amenazas de bandas criminales en febrero de 2022, cuando publicó un artículo sobre la importancia del microtráfico para las familias pobres en la provincia costera de Manabí. Sin embargo, ella le dijo al Impunity Observer: “Cuando tuve que abandonar el país, no solo estaba investigando organizaciones criminales sino también a la Policía Nacional”. Esto es coherente con las afirmaciones de Villavicencio en la mañana en la que fue asesinado.
Noroña, que se centró en masacres carcelarias y narcotráfico, tuvo contacto directo con miembros de bajo rango de organizaciones criminales en múltiples cárceles ecuatorianas. Estos informantes advirtieron sobre posibles ataques contra ella. También tuvo acceso a chats de miembros de pandillas que decían que tenían que tomar medidas en su contra.
Después de recibir múltiples advertencias de sus propias fuentes y de redes de periodistas extranjeros, Noroña decidió abandonar Ecuador en 24 horas. Para ella, fue una experiencia difícil ya que tuvo que explicar a su familia que si no abandonaba el país, los criminales la habrían matado. Además, cree que “al investigar y recibir amenazas violentas, no solo nos ponemos en peligro a nosotros mismos sino también a nuestras familias y amigos”.
Más allá de los cinco periodistas que han abandonado el país, otros carecen de los recursos para hacerlo. Siguen arriesgando sus vidas al quedarse en el país mientras las violentas amenazas continúan llegando a sus puertas.
En el caso de Hinostroza, afirma que “no sería una decisión fácil, aquí está mi casa, mi familia, mi vida. Estoy consciente de los riesgos y haré mi trabajo hasta donde se pueda”.
Sin embargo, Hinostroza observa un cambio en la cultura periodística del país: “La mayoría realiza su trabajo con franqueza y valentía, pero muchos han empezado a sentir la necesidad de autocensurarse. Esto se debe al miedo por la creciente actividad delictiva y a la debilidad y falta de control de las autoridades”.
Imagen referencial:
Violentas amenazas expulsan a Andersson Boscán y Mónica Velásquez. (Andrés Sebastián Díaz)
