¿Qué significa para 22 comunidades wampis, achuar y candoshi de Perú que su hogar sea tierra destinada a la actividad petrolera?

La danza de la guerra es un ritual tradicional que el pueblo indígena achuar realiza cuando se siente amenazado. En febrero de este año, en la comunidad de Yankuntich —en el distrito de Morona, región de Loreto— hombres y mujeres se reunieron para representarla. Desfilaron, se tomaron de la mano y las mujeres entonaron cantos para invocar la fuerza de sus ancestros y dejar sentada su posición contra las intenciones de Petroperú, la empresa petrolera estatal peruana, de insistir en la explotación del Lote 64.

“Jamás mi pueblo permitirá la actividad petrolera ni maderera ni minera. Mis abuelos nos pusieron esa normativa y estamos cumpliendo. Queremos dejar un territorio sano para nuestras generaciones”, dice Nelton Yankur Antich, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP).

No es la primera vez que las comunidades indígenas rechazan un proyecto en sus tierras. Desde hace 27 años, los pueblos achuar y wampis vienen oponiéndose a la actividad petrolera ante los reiterados intentos del Gobierno peruano y de empresas privadas de poner en funcionamiento el Lote 64, yacimiento ubicado en Morona. El antecedente más reciente es el de Geopark, empresa que buscó durante seis años conseguir la licencia social y ambiental pero que finalmente terminó desistiendo.

Comunidades achuar expresan su rechazo a Geopark en la zona del Morona. Foto: Amazon Watch.

El lote 64 siempre ha atraído a empresas que han buscado explotar petróleo, pero que en el camino se han encontrado con un muro que es la resistencia de los pueblos indígenas de la zona. Más aún porque la concesión se superpone con parte de los territorios de varias comunidades, un problema legalmente avalado por los gobiernos pero no por ello aceptado por los achuar y wampis. Como lo explica Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Estado peruano tiene facultades sobre el subsuelo y todos los recursos que se encuentren disponibles para aprovechamiento de la nación, “incluso de imponer su voluntad a los ciudadanos en caso sea un proyecto considerado de prioridad”. Esto, indica Baldovino, se ha convertido en un grave problema para las comunidades.

Por eso los achuar y wampis reciben constantemente cartas, pedidos de reuniones de parte de las petroleras y las instituciones del Gobierno. Sin embargo, su respuesta siempre ha sido la misma: rechazan las actividades extractivas en sus tierras.

“No queremos ningún tipo de explotación petrolera en nuestro territorio porque hemos visto que la muerte llega con esos proyectos”, insiste Yankur Antich.

Mongabay Latam revisó en qué medida el territorio adjudicado para la explotación del lote 64 se superpone con las tierras de las comunidades indígenas y pudo establecer que 22 de ellas conviven con la actividad petrolera. Además que nueve comunidades son afectadas por una superposición del 100 por ciento de su territorio. Los grupos indígenas que viven en la zona del proyecto son los achuar, wampis y candoshi.

Superposición de territorios indígenas con el lote 64 en Perú. Imagen: Mongabay Latam/Juan Julca.

¿Qué significa llamarle hogar a un territorio destinado a una gran operación petrolera? ¿Cuán intangibles son realmente las tierras indígenas?

¿Por qué le niegan el ingreso a las petroleras?

La voz del dirigente wampis Galois Flores Pizango cambia de tono y se transforma en indignación cuando escucha que Petroperú es ahora el responsable del Lote 64. Tantas veces se ha roto el Oleoducto Norperuano que pasa por comunidades achuar y muy cerca a los wampis, que el hecho de que puedan instalar tuberías en su territorio les parece aterrador.

Y la palabra no parece exagerada cuando se revisa el informe La sombra del petróleo, publicado por Oxfam y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, documento que revela que en veinte años, entre el 2000 y el 2019, se reportaron 474 derrames de petróleo en la Amazonía peruana. El Lote 192, además, ese que los achuar y wampis tienen frente a sus ojos como un experimento tangible de las posibles consecuencias, es uno de los más problemáticos: 155 derrames y 2000 pasivos ambientales pendientes de remediación, detalle el informe.  Por eso, Flores Pizango, quien es  vicepresidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis o pamuka ayatke en lengua wampis, asegura que no confía más en las empresas petroleras.

Los pobladores de la comunidad de Nueva Alianza, en el noreste de la Amazonía peruana, examinan uno de los dos puntos en los derrames de petróleo ocurridos el 21 de agosto. Petroperú, la compañía petrolera estatal que opera el gasoducto, ha atribuido los derrames a vandalismo.                               Foto de Barbara Fraser.

“Nuestro bosque es nuestra medicina, nuestra tienda, todo nos da, incluso nos ha salvado durante la pandemia. Hemos luchado contra el Covid-19, comiendo, tomando medicinas naturales”, le dice el dirigente achuar, Nelton Yankur, a Mongabay Latam.

Una de las mayores preocupaciones de los achuar y wampis es que el oleoducto atraviese su territorio.

Mongabay Latam analizó en qué porcentaje el lote petrolero 64 se superpone con tierras indígenas y estableció que 22 comunidades tituladas son afectadas por una superposición que oscila entre el 21 y 100 de sus territorios, según la base de datos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) elaborada con información oficial de Perupetro.

El caso más preocupante es el de los achuar, pues hay nueve comunidades afectadas con un 100 % de superposición: Capahuari del Huasaga, Katira, Uwintsa y Anexo Tsuvatentsa, Wisin, Nuevo Perú, Panintza, Wampientsa, Wijint y, por último, Yankuntich. A ellas les siguen Kuyuntsa, Panguintsa, Washientsa que están por encima del 80 %, mientras que en el caso de Brasilia, Rubina, Puranchin,Tsekuntsa, Kasurtsa, Mamus y Chuintar el porcentaje oscila entre el 70 % y el 20 %.

Del lado de los wampís, la comunidad San Juan —que tiene los anexos Santa Cruz, Shapaja y Shinkatam— es afectada por una superposición del 66 % de sus tierras. Y finalmente, hay dos comunidades candoshi que se suman a la lista: Hortencia Cocha con más del 20%  y  Puerto Pijuayal con el 48%.

¿Es legal esta superposición? La abogada de la SPDA, Silvana Baldovino, confirma que no solo es legal la superposición, sino que es un problema recurrente que afecta a las comunidades indígenas en las concesiones que se otorgan. Baldovino explica que la Constitución peruana de 1993 permite que esto ocurra y ampara las facultades del Estado peruano para operar sobre cualquier territorio que considere de interés por sus recursos. La única salvaguarda es la consulta previa, un mecanismo establecido por ley recién en el 2011 que es constantemente cuestionado por la forma en la que es aplicado.

“Sentimos que nos afecta, el oleoducto pasa por nuestro territorio. Por años hemos sufrido contaminación en otros puntos de nuestro territorio por la minería, por ejemplo. Cuando se fue Geopark pensamos que habíamos logrado que se retire el proyecto, y luego nos enteramos que con el nuevo Gobierno no ha cambiado la situación. Nos hemos pronunciado en contra, no queremos una zona petrolera, porque queremos conservar nuestro territorio casi intacto”, declara el el vicepresidente de la Nación Wampís a Mongabay Latam.

Pero su preocupación no solo alcanza la instalación y ubicación del oleoducto, sino también el transporte del crudo. Galois Flores afirma que entre las propuestas para el transporte del crudo, Geopark no solo contempló el uso de un oleoducto sino de barcos. “Si el petróleo se transporta por el río Morona, eso es peligroso para nosotros”, opina Flores, “porque hay alto riesgo de volcaduras de embarcaciones. Si el petróleo cae en el río, los ecosistemas sufren, los peces mueren, las plantas se contaminan”.

Flores se refiere a las observaciones que hizo el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) a la documentación presentada por Geopark, específicamente a la sección en la que se centran en el transporte del petróleo. La institución detectó una serie de deficiencias y vacíos, como la necesidad de “describir los sistemas de carga y descarga de hidrocarburos, así como las medidas de seguridad a adoptar durante la operación de embarque/ desembarque”. Senace indica además que es necesario analizar qué se hará con los desechos generados por las embarcaciones considerando un “escenario desfavorable”.

“Nuestra oposición a la explotación de petróleo es tajante, no importa en manos de quién recaiga el lote”, afirma el vicepresidente de la Nación Wampís, quien añade que esta negativa también incluye a los achuar.

Protesta realizada en la comunidad de Yankuntich rechazando las intenciones de Petroperú de explotar petróleo. Fotos: Fenap – Handrez García

Una historia de tensiones

Para Nelton Yakur, dirigente achuar, estar bajo el asedio de las empresas y el Estado es vivir en constante tensión. Y ni la consulta previa es la solución ahora al problema, sostiene Shapion Noningo, secretario general del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, pues en este momento consideran que se trata de “un mecanismo para legitimar a la empresa y no una real consulta sobre si se quiere o no el proyecto”.

Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señala que la consulta previa debería hacerse paralelamente al Estudio de Impacto Ambiental. Es decir, cuando el proyecto está en la etapa de evaluación. La funcionaria sin embargo reconoce que no siempre se escuchan estas recomendaciones. “Debe tomarse en cuenta que los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas u originarios cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa”, señala la especialista.

Los wampis y achuar rechazan la consulta previa porque consideran que solo valida las intenciones de las empresas y no les da poder de decidir.          Fotos: Fenap – Handrez García.

La primera vez que se dio en concesión el lote petrolero 64 fue en 1995, durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. La empresa beneficiada fue la Atlantic Richfield Perú (ARCO), la que se retiró sin iniciar sus labores de exploración.

Las comunidades achuar y wampis recuerdan ese año como el inicio de la defensa de su territorio de las actividades extractivas.

Tres años más tarde, Talismán, una nueva empresa de capital canadiense, retomaría las labores de exploración en el lote 64. Las operaciones empezaron en el 2008 y llegaron a su fin en el 2013. Según el  informe El Lote 64, un mundo de conflictos, elaborado por la organización Perú Equidad y que aborda los riesgos y afectaciones a los derechos indígenas achuar y wampís por las empresas GeoPark y Petroperú, Talismán generó situaciones de confrontación entre comunidades “por lo que optó por abandonar el proyecto”.

Un año después, en el 2014, Geopark, de capitales chilenos, obtenía la concesión pero esta vez en alianza con Petroperú. La empresa estatal se sumaba a la operación con una participación del 25 %. Geopark reveló en ese momento que el yacimiento petrolero debajo de las tierras de las comunidades achuar y wampis demandaría de una inversión de 448,3 millones de dólares, monto que sería compensado con la explotación. Esta es la razón por la que tantas empresas han buscado insistentemente, en las dos últimas décadas, explorar y explotar el hidrocarburo del subsuelo.

Los intentos de exploración avanzaron en paralelo a la búsqueda de una mayor representación por parte de los pueblos originarios de la zona. En el 2014, por ejemplo, la Nación achuar —a través de la Federación de la Nacionalidad Achuar (Fenap)— empezó a fortalecer su organización y en el 2015 interpuso una demanda al Gobierno Regional de Loreto, al Ministerio de Cultura y a Perupetro para exigir el reconocimiento del pueblo indígena como nación, lo que implicaba la titulación de sus tierras de forma integral. Fue el Juez Titular del Segundo Juzgado Civil de Maynas, Sergio Antonio Del Águila Salinas, el que finalmente falló a su favor y ordenó que se les titule de manera colectiva. Esto sucedió en el 2017 y de inmediato Perupetro apeló.

“Fue un proceso largo donde los achuar demandaron la anulación del Lote 64 y la titulación de su territorio integral. Esto significa un espacio más amplio que las comunidades que actualmente ya están tituladas y reconocidas”, asegura la antropóloga Federica Barclay de Perú Equidad. De acuerdo con Barclay, estas zonas achuar no tituladas son consideradas por el Estado peruano como libres para ser adjudicadas a otros proyectos extractivos. “Es por ello que apelaron las instituciones públicas como Perupetro”, añade.

La decisión judicial sobre el territorio Achuar se sustentó en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Foto: Amazon Watch.

Para los achuar el reconocimiento integral de sus tierras es clave pues les permitiría contar con nuevos argumentos para exigirle al Estado la anulación de toda concesión petrolera en su territorio. En ese momento, además, tanto los achuar como wampis buscaban un arma de defensa legal que les permitiera conseguir que Geopark abandone el lote.

Los líderes indígenas achuar y wampis de las dos naciones tomaron varias medidas para conseguir que Geopark abandone la zona. Primero se concentraron en revisar  detalladamente la propuesta del Estudio de Impacto Ambiental de Geopark y denunciaron inconsistencias notorias como el hecho de que se había incluido información de un artículo de Wikipedia sin citarla. SENACE también detectó este problema en el documento. “Se requiere que el Titular precise cuando realiza citaciones de otros textos y evite emplear páginas de divulgación como Wikipedia para desarrollar la línea de base social”, señala en el documento  la institución.

En 2020, los dos pueblos emprendieron también una campaña comunicativa internacional llamada “Atsá Geoparkka” (No a Geopark en wampis), que los llevó incluso a reunirse con el actor de Hollywood Leonardo Di Caprio, quien apoyó sus demandas y expresó que debía respetarse su decisión de no tener explotación petrolera en sus territorios. Y finalmente, organizaron un plantón en las afueras de la sede principal de Geopark en Chile para presentarle sus exigencias a James Park, CEO de la petrolera.

El temor de los dirigentes indígenas de ambos pueblos era evidente en ese momento, sobre todo porque con el paso de los años fueron testigos de cómo los planes de explotación petrolera entraban en conflicto con sus territorios.

Protesta de pueblos achuar y wampis frente a las oficinas de Geopark en Chile. Foto: Amazon Watch.

En septiembre del año pasado, tras no conseguir la aprobación de su Estudio de Impacto ambiental, tras 170 observaciones de parte del SENACE y no subsanarlas, Geopark decidió retirarse y dejar la concesión en manos de Petroperú.

Fue el 15 de julio del 2020 que Petroperú a través de sus redes informó lo siguiente: “Geopark Perú S.A.C. nos ha comunicado que ha optado, irrevocablemente, por retirarse del Contrato de Licencia del Lote 64, en el que tiene el 75 % de participación”.

La que fuera considerada una victoria para los pueblos achuar y wampís en ese momento, duró muy poco tiempo. En diciembre del 2021, Petroperú anunció que el lote 64 volvería a funcionar y a extraer crudo.

Mongabay Latam consultó con el área de comunicación Petroperú sobre las proyecciones para extraer petróleo en territorio achuar y wampis, pero hasta el momento no se recibió respuesta alguna de parte de la institución.

Perupetro, empresa que se encarga de promocionar los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, pidió una reunión con los líderes indígenas para el 10 de febrero de este año. Hace una semana, dirigentes indígenas achuar hicieron una asamblea en la comunidad de Yankuntich para decidir qué posición tomar frente a la solicitud. Invitaron a Atilio Nayap Santiago, Coordinador de Justicia Indígena del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís. Ese día ambos pueblos decidieron asistir a la reunión y reafirmar su oposición al funcionamiento del lote 64. Sin embargo el encuentro no se ha dado hasta el momento, pues la tercera ola de la pandemia ha retrasado la cita.

Protesta realizada en la comunidad de Yankuntich rechazando las intenciones de Petroperú de explotar petróleo. Fotos: Fenap – Handrez García.

Autonomía indígena y rechazo al petróleo

Una de las medidas recientes que han tomado los líderes wampis ha sido elaborar un documento para establecer por escrito su defensa del bosque. “Hemos firmado un pacto socio político wampis para seguir protegiendo el territorio”, afirma Galois Flores. En este documento de la Nación wampis, uno de los pilares es el siguiente: “Asumir los compromisos y responsabilidades que incumben a la presente generación Wampís para con las generaciones venideras, muy especialmente: gobernar su territorio en interés general, protegerlo de agresiones externas, mantener un medio ambiente sano, reclamar los derechos colectivos cuando se requiera…”.

Por su parte, los achuar han asumido una vigilancia continua para detectar el ingreso de cualquier extraño a su territorio. Además, continúan peleando el reconocimiento colectivo de su pueblo, es decir, que se titulen sus tierras de manera integral. Pese a ganar este derecho en 2017 a través del Segundo Juzgado Civil de Maynas, las apelaciones de las entidades estatales siguen dilatando la titulación colectiva de sus tierras.

Federica Barclay de Perú Equidad explica que la titulación colectiva es un derecho para los pueblos indígenas, “pero es el concepto de territorio integral lo que el Gobierno no quiere aceptar porque choca con sus intereses de ser el propietario de los territorios amazónicos”.

Nelton Yankur comenta que el territorio integral es para los achuar no solo el lugar donde tienen su casa y su chacra, sino también el espacio histórico que han usado para la caza, la pesca y la recolección. Se trata de bosques, ríos, de otros espacios de biodiversidad que —considera— han preservado en el tiempo y que van más allá de los límites de las comunidades tituladas.

Los achuar y wampis están pidiendo apoyo internacional para que no lleguen más empresas a ocupar su territorio. Fotos: Fenap – Handrez García.

Por eso, según la abogada Katherine Paucar, abogada de EarthRights International, el reconocimiento ha traído problemas con el Estado, porque no solo implica un autogobierno, sino que “el gobierno considera que fuera de los límites de las comunidades lo que hay son los llamados terrenos eriazos de propiedad nacional y es de donde pretende disponer libremente para actividades extractivas”. La abogada opina que de titularse íntegramente el territorio achuar y wampis, y no por comunidades pequeñas como hace la dirección regional de Loreto, los bosques estarían en manos de los pueblos indígenas y su poder de decisión sobre ellos sería mayor.

Para el dirigente achuar, Nelton Yankur, el respeto a lo decidido sobre su territorio no es negociable “y eso queremos hacerlo saber al mundo entero, para que nos escuchen y apoyen en esta lucha”, dice. Yankur añade que siguen siendo precavidos por todo el sufrimiento que su pueblo ha pasado. La danza de la guerra que han hecho de forma simbólica no es una declaración bélica, de ninguna forma, sino el anuncio de un nuevo tiempo, de la unión de naciones indígenas, hoy más que nunca exigen la salida de las petroleras de tierras indígenas y se plantean otra forma de pensar el desarrollo.

Imágen de portada: Bárbara Fraser

Nota de Redacción: El presente artículo escrito por Gloria Alvitrez fue publicado originalmente en https://es.mongabay.com/ balo el título de “Lote 64: ¿Qué significa para 22 comunidades wampis, achuar y candoshi de Perú que su hogar sea tierra destinada a la actividad petrolera?”