La abogacía siempre ha tenido un papel relevante en las democracias constitucionales, ha sido un muro de contención al abuso desde el poder, como cuando Oliver Cromwel sentía que tenía una amenaza encima con la “London Society of Barristers” (Sociedad Londinense de Abogados), como cuando Adolfo Hitler acusaba a los abogados de ser la verguenza de Alemania, como cuando Velasco Alvarado -en el Perú- ordenó al Consejo Nacional de Justicia que destituya a una Sala de la Corte Suprema por no haber condenado al Decano del Colegio de Abogados de Lima, que era considerado un enemigo político del gobierno, como cuando en similares escenarios, en Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y muchas otras naciones los gremios de los abogados y los académicos que prestigiaban su Orden profesional, se consideraban sujetos de persecución por odio, de encarcelamiento, desprestigio, represión e inclusive, desaparición forzada porque sus voces, sus actos, sus escritos, su defensa del ordenamiento constitucional eran una luz bajo las sombras que permitía entender, a los ciudadanos, que nada ni nadie estaba por encima de los valores de la Libertad y la Democracia, por eso, la abogacía era un objetivo de destrucción por el poder que se ejercía con maldad, abuso, ilegalidad y muerte. ¿No lo sabían?
No se trataba de “reformas de la justicia”, se hizo sometimiento a los profesionales de la justicia, a los abogados, poniendo en desamparo legal existencial a los ciudadanos. Y la fuente, el sustento de esa imposición legitimada en el ámbito de las dictaduras y autoritarismos, fueron “otros abogados” al servicio de los autócratas y dictadores. Los menos, sometían a los más, con la fuerza represiva gubernamental que se desplazaba desde el Estado.
Las garantías constitucionales son presentadas por algunos abogados, como una interpretación de una placa radiográfica que los pacientes no entienden, pero en estos tiempos, no en los de Cronwel, Hitler, Velasco Alvarado o Fidel Castro, en estos tiempos de internet y redes sociales, los ciudadanos han desarrollado el poder de leer tomografías populistas y resonancias demagógicas, han adquirido el super poder de aprender a interpretar esos resultados a la luz del presente y el futuro que se avecina. Es difícil engañarle a la gente, pero es muy fácil someterla con las múltiples armas que posee el gobierno, que maneja desde el Estado que ocupa temporalmente o por largo tiempo… con el peruano oprimido.
Fíjense en un hecho contundente: el gobierno autoritario de Dina Boluarte, nombró una “comisión consultiva” que se supone -para el gobierno- que está conformada por expertos juristas y asesores en materia constitucional, bajo los siguientes lineamientos (lean despacio y verán la relación sumisión y culto al poder):
“Se hace necesario conformar una Comisión Consultiva integrada por juristas de reconocida trayectoria profesional, académica, ética, prestigio e independencia, identificada con los principios y valores que inspiran nuestra Constitución Histórica, a efecto de que, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, emita y exponga las opiniones y recomendaciones que sobre la materia se le pueda brindar a la Presidencia de la República, a fin de dotarle de la más alta consejería constitucional que garantice la mejor y más adecuada toma de decisiones dentro de los parámetros estrictamente constitucionales”.
Entonces nacen algunas preguntas: ¿Qué pasó con la comisión consultiva presidencial de asesores en materia constitucional, que está en absoluto silencio, que no es transparente hacia la ciudadanía, como señal de confianza, justamente ahora cuando el país requiere urgentemente que se respete y defienda la Constitución y no se pretenda enmascarar con leyes de menor rango, formas de atropello al orden legal establecido? ¿Revisaron, opinaron y corrigieron el listado de normas que el gobierno quiere aprobar sin ningún debate previo, ni control político? ¿Cuántas veces y para qué temas se ha reunido esa comisión consultiva? Nadie responde y hay algunos comentarios que mencionan que por lo menos “uno” de los comisionados, ya goza de una propuesta de agradecimiento para ser destinado como Embajador político del gobierno. ¿Es cierto eso? ¿Así se degrada el prestigio?
Y vayamos al tema central del título de esta columna editorial, para comentar algo que nos está descolocando de nuestras obligaciones y deberes como ciudadanos: ¿Qué debemos hacer con este inmundo, desastrozo, terrible, vergonzante, inaceptable e insostenible Congreso de la República del Perú?
Primero, identificar a los que lo desprestigian internamente, de manera individual y colectiva en sus responsabilidades. Segundo, identificar a los que financian, promueven y desarrollan acciones para incrementar ese desprestigio institucional. Tercero, señalar a los gremios y organizaciones que se dedican a asegurar progresivamente la desprotección de legitimidad y legalidad del Congreso. Cuarto, mirarnos en el espejo de la realidad y asumir una posición ciudadana, actuando, hablando, exigiendo, participando.
¿Saben porqué se hacen tan malas leyes y tantas malas leyes? Porque no hay ciudadanos trabajando en el terreno de la política, no tenemos abogados para sustentar el camino de reformas o fortalecimientos y nos quedamos mirando como cada día desaparecen las que suponíamos, eran instituciones.
