Para compensar el aumento de las expectativas de vida, la disminución de las tasas de interés y rentabilidad de las inversiones, como así mismo los altos niveles de informalidad que exhiben algunos países, se hace indispensable incrementar el ahorro previsional y ajustar las edades de pensión, como principales formas de mejorar el monto de las pensiones.
Con ese objetivo, en algunos países se han presentado iniciativas legales que elevan la tasa de contribución a los sistemas de pensiones que, como es sabido, durante muchos años se han mantenido en niveles cercanos a la mitad de la que rige en promedio en los países de la OCDE, y se han propuesto nuevas formas de aportar al sistema de pensiones.
Sin embargo, al mismo tiempo que se busca aumentar el ahorro, la mayoría de los países de la región latinoamericana, con la sola excepción de Uruguay, han planteado el retiro anticipado de los fondos previsionales para hacer frente a los efectos de la pandemia por la que atraviesa el mundo. En el caso de Chile y Perú, esta iniciativa ya se materializó, causando un daño irreparable a las pensiones de los trabajadores, no obstante lo cual ya existen nuevas iniciativas de retiro en tramitación.
En el caso de Chile, el retiro del 10% significó que el 17% de los afiliados quedaran sin fondos en sus cuentas individuales, y si se materializa un segundo retiro se estima que cerca de un 38% de ellos quedará en la misma situación. El total retirado podría llegar a más de USD 34 mil millones, el equivalente a un 17% del valor total de los fondos de pensiones.
En el caso de Perú, sucesivas disposiciones legales fueron incrementando el retiro de fondos que se puede efectuar en una sola suma, al momento de cumplir los requisitos para pensionarse por edad o anticipadamente, hasta llegar a un retiro del 95,5% de los fondos. Adicionalmente, la ley permite en cualquier momento efectuar retiros equivalentes al 25% de los fondos. Todo lo anterior ha significado que los trabajadores peruanos han retirado de sus cuentas cerca de USD 6.800 millones, que corresponde al 16% del monto total de los fondos previsionales. Con el retiro del 25%, al menos 33% de los trabajadores ya no tienen fondos para financiar su etapa pasiva, que es el objeto de todo sistema previsional, y de aprobarse un segundo retiro (actualmente en discusión), el porcentaje de trabajadores que se quedaría sin saldo subiría a un 52%.
Todo lo anterior trae aparejado una disminución significativa de la cobertura de los trabajadores y una reducción de la pensión que podrá otorgar el sistema, que es el efecto contrario que se busca con las reformas que impulsan un incremento del ahorro previsional.
Por otra parte, el Estado deberá hacerse cargo de financiar la totalidad o parte importante de las pensiones de un número creciente de trabajadores que retiraron anticipadamente sus ahorros, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema y la integridad de los ahorros.
Nadie puede discutir la urgencia de atender las necesidades de las personas que han perdido su empleo o reducido sus ingresos con motivo del Covid-19. Sin embargo, los fondos de pensiones no son la herramienta adecuada para enfrentar esta contingencia. Además, el retiro anticipado de los ahorros no tuvo una adecuada focalización en los más necesitados y vulnerables, como lo demuestra el hecho de que la gran mayoría de quienes retiraron sus fondos continuaron efectuando cotizaciones y utilizaron los recursos en finalidades ajenas a las necesidades más básicas.
Para atender las necesidades económicas de quienes han perdido su fuente laboral, debe recurrirse a los seguros de desempleo o cesantía que fueron o deben ser creados para tal efecto, y que pueden focalizar adecuadamente la ayuda en los trabajadores más necesitados, tal como ha sucedido en los casos de Colombia, Chile, México y Uruguay.
Es un contrasentido inexplicable que cuando se busca aumentar el ahorro previsional, se permita retirar dichos ahorros con un propósito distinto al financiamiento de las pensiones. En Chile se discute un proyecto de ley para aumentar en 6 puntos porcentuales (pp) la tasa de cotización. En palabras del Ministro de Hacienda, el retiro anticipado del 10% equivale a 2 pp de cotización. O sea, el efecto del Proyecto de Ley será aumentar en sólo 4 pp la cotización, al descontar el impacto del retiro de fondos ya realizado, y en caso de prosperar la iniciativa de un segundo retiro, el incremento neto será de sólo 2 pp.
Por otra parte, estos retiros nunca son excepcionales ni transitorios, tal como lo demuestra el hecho de que tanto en Chile como en Perú ya se estén discutiendo iniciativas para un nuevo retiro.
Además, el retiro de fondos significa la venta masiva de instrumentos financieros que en muchos casos no tienen la necesaria liquidez de mercado, lo que tiene el riesgo de impactar el precio de estos activos y, consiguientemente, el valor de los fondos de aquellos que están retirando y de quienes no han efectuado el retiro.
El sistema previsional está llamado a financiar las pensiones de los trabajadores durante la etapa pasiva de sus vidas. Es un sistema obligatorio, porque de otro modo la gran mayoría preferiría el consumo presente antes que postergarlo para financiar su vejez.
Apelamos, por tanto, a la responsabilidad de quienes tienen a su cargo velar por el bien común y legislar políticas públicas que pongan en el centro la obtención de las mejores pensiones para los trabajadores, a fin de que repongan el verdadero sentido de un sistema previsional, evitando que a través de medidas populistas los trabajadores pierdan el ahorro que debe financiar su vejez.
