El Perú cerró el 2025 con una de las mayores frecuencias sísmicas registradas en los últimos años. De acuerdo con datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), durante el año se reportaron más de 800 sismos, concentrados principalmente en la franja costera, lo que confirma que el país mantiene una exposición permanente a eventos de alto impacto.
La tendencia se ha mantenido en los primeros días del 2026, con movimientos percibidos en diversas regiones del país, entre ellas Tacna, Arequipa, Sullana y Chimbote, lo que vuelve a poner en debate el nivel de preparación del Estado y de la ciudadanía frente a una eventual emergencia de mayor magnitud.
En este contexto, Víctor Orellana, Director de Riesgo País, organización que impulsa la prevención y manejo de desastres, advirtió que el país enfrenta un momento decisivo en su política de prevención.
“El 2025 dejó una señal clara: la actividad sísmica es constante y no un fenómeno excepcional. El 2026 debe ser el año en que el Perú pase del diagnóstico a la acción, fortaleciendo seriamente su sistema de prevención y respuesta”, señaló.
Orellana recordó que uno de los principales pendientes en el Perú es la implementación efectiva del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), proyecto iniciado en el 2021 y que, a la fecha, aún no se encuentra plenamente operativo. Incluso, declaraciones oficiales han reconocido que el proceso se vio severamente afectado por la pandemia y quedó prácticamente detenido durante ese periodo, generando un retraso crítico en una herramienta clave para la protección de la población.
Esta tecnología permitirá enviar alertas directamente a los teléfonos móviles y activar sirenas segundos antes de que las ondas sísmicas más destructivas lleguen a las zonas urbanas, otorgando un tiempo vital para la evacuación y la activación de protocolos de emergencia. “Cada segundo de anticipación puede salvar vidas, pero ese sistema debe funcionar y llegar a todos”, sostuvo el especialista.
El vocero enfatizó que, junto con la alerta temprana, el país debe reforzar de manera sostenida la preparación ciudadana, la educación preventiva y la seguridad de la infraestructura crítica, especialmente hospitales, centros educativos y servicios esenciales ubicados en zonas de alto riesgo.
Finalmente, el vocero enfatizó que, junto con la alerta temprana, el país debe reforzar la preparación ciudadana y la seguridad de la infraestructura crítica. En ese sentido, recordó que la experiencia de Chile tras el terremoto y tsunami de 2010 evidenció que incluso con sistemas avanzados, una respuesta deficiente y una población poco preparada pueden agravar las consecuencias de un desastre. “La magnitud no determina la tragedia; lo hace el nivel de preparación del país, y el Perú aún tiene brechas que cerrar”, concluyó Orellana.
