Alcanzamos el Informe de Estabilidad del Sistema Financiero, elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), partiendo para su mejor lectura, del Resumen Ejecutivo y al final del mismo, el enlace al documento completo:
Los factores de riesgo que podrían afectar las perspectivas de crecimiento global se asocian con el escalamiento de las tensiones geopolíticas y comerciales derivadas de las medidas arancelarias adoptadas por Estados Unidos, nuevos episodios de volatilidad financiera en un contexto de incertidumbre comercial, la posibilidad de que las tasas de interés permanezcan elevadas debido a presiones inflacionarias persistentes y la desaceleración de las principales economías. De esta manera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento global en abril de este año, anticipando una expansión moderada en 2025 (2.8%) y 2026 (3.0%).
La economía peruana ha mostrado señales de recuperación en el primer trimestre de 2025 (crecimiento de 3.9% interanual) y, según cifras oficiales, crecería 3.2% en 2025 y 2.9% en 2026. Sin embargo, estas previsiones podrían verse afectadas por la materialización de riesgos tanto internos como externos. Un primer riesgo se asocia a la posibilidad de una nueva revisión a la baja del crecimiento económico global, así como a la intensificación de las tensiones geopolíticas y comerciales entre nuestros principales socios comerciales (China y Estados Unidos). Asimismo, si bien los riesgos políticos y sociales a nivel local se mantienen estables, persisten fragilidades especialmente ante el aumento de la criminalidad y el malestar social, lo que podría deteriorar las expectativas de crecimiento en un contexto de año preelectoral.
A marzo 2025, la cartera total de créditos registró un leve crecimiento de 1.2%, lo cual evidencia las mejores expectativas sobre el crecimiento de la economía peruana. Por tipo de crédito, sin incluir programas de gobierno, los portafolios corporativo, gran empresa e hipotecarios han registrado crecimientos de 6.9% y 5.4%, respectivamente, a marzo 2025; mientras que, los créditos de consumo y micro, pequeña y mediana empresa (Mediana + MYPE) han experimentado una disminución de saldos (- 1.3% y -10.3%; respectivamente). Por otro lado, el sistema financiero mantiene adecuados niveles de capital (ratio de capital promedio de 16.8%) y un importante colchón de provisiones (S/ 4,208 millones), con lo cual el nivel de cobertura de la cartera alto riesgo1 es de 108.8% a marzo 2025.
El sistema financiero muestra mayores niveles de rentabilidad a marzo 2025, en comparación a los registrados en marzo 2024 y prepandemia, producto de los menores niveles de cartera de alto riesgo y menores costos de fondeo. Así, el sistema financiero registró utilidades anualizadas de S/ 12,318 millones a marzo 2025, por encima de los S/ 9,052 millones de marzo 2024 y los S/ 10,331 millones del periodo prepandemia. La mayor rentabilidad respecto a 2024 responde principalmente al menor gasto de provisiones y menores gastos financieros, pese al reducido dinamismo de la cartera. Los resultados del ejercicio de estrés de solvencia indican que el sistema financiero resistiría la ocurrencia de shocks macroeconómicos adversos que incluyen la materialización tanto de riesgos domésticos como internacionales.
El ratio de capital global del sistema financiero pasaría de 16.8% en marzo de 2025 a 13.9% en marzo de 2027 bajo el escenario de estrés severo. En consecuencia, el sistema financiero mantendría niveles de capital por encima de los requerimientos mínimos regulatorios (10% a 1 Incluye la cartera atrasada (créditos vencidos y en cobranza judicial), créditos refinanciados y créditos reestructurados a pesar de la materialización de escenarios adversos. Por otro lado, el ratio de capital ordinario de nivel 1 –una medida del capital de mejor calidad con el que cuentan las empresas del sistema financiero– pasaría de 13.0% en marzo de 2025 a 10.5% en marzo de 2027 bajo el escenario de estrés severo. De esta forma, bajo esta métrica, el sistema financiero también se mantendría adecuadamente capitalizado al permanecer por encima del mínimo regulatorio (4.5% a marzo de 2025).
La fortaleza del sistema financiero se debe a la existencia de colchones de capital y provisiones, los cuales han sido fortalecidos mediante el marco regulatorio establecido por la SBS en los últimos años. Este marco, alineado a los estándares internacionales de Basilea III, promueve la calidad y robustez del sistema financiero. De la misma manera, los resultados del ejercicio de estrés de liquidez a un año muestran que, en general, las entidades son capaces de hacer frente a los flujos de salida estresados en los escenarios leve y adverso con el colchón de activos líquidos que poseen.
En el escenario severamente adverso, el déficit de liquidez asciende a 0.6% de los pasivos del sistema financiero. Se observa que en el escenario severamente adverso el sistema financiero presenta en promedio brechas acumuladas positivas, en los horizontes de uno y tres meses, que ascienden a 5.3% y 3.1% del total de pasivos del sistema financiero, respectivamente.
Es importante destacar que, de ocurrir un shock como el simulado en este escenario, las empresas con brechas negativas de liquidez podrían cubrirlas activando sus Planes de Contingencia de Liquidez y/o accediendo a operaciones de reporte de cartera de créditos con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
La resistencia a shocks de liquidez de las empresas del sistema financiero se sustenta en la adecuada distribución de activos y pasivos por plazos de vencimiento, en la estructura de fondeo bastante diversificada y en los activos líquidos de alta calidad que poseen.
Con el objetivo de preservar la estabilidad financiera, la SBS realiza un seguimiento continuo de un conjunto de indicadores que permiten monitorear las vulnerabilidades y riesgos sistémicos que podrían afectar al sistema financiero. En particular, el monitoreo de los hogares se lleva a cabo mediante la evaluación del nivel de endeudamiento, el cual experimentó una disminución a diciembre de 2024, en un contexto de recuperación económica.
El ratio cuota-ingreso (RCI) promedio del sistema financiero descendió a 27.0% en diciembre de 2024, valor inferior al de diciembre de 2023 (29.4%) y por debajo del umbral prudencial de 30% establecido a nivel internacional. La reducción del RCI se atribuye principalmente a la recuperación de los ingresos de los deudores (el ingreso mensual promedio formal del sector privado aumentó 2.7% a diciembre de 2024), así como a la reducción de las cuotas de créditos de consumo e hipotecario.
En este último segmento, la reducción de cuotas estuvo asociada, en parte, a una disminución en las tasas de interés promedio. Asimismo, se observa que la tasa de interés inicial de nuevos deudores microempresa y consumo no revolvente presenta una brecha importante respecto a la tasa promedio, la cual se ha ampliado significativamente en el 2024.
La generación de historial crediticio mediante nuevos desembolsos típicamente ha contribuido a la reducción de la tasa de interés, iniciando una convergencia a las tasas promedios. Sin embargo, esta tendencia se ha revertido, especialmente entre los nuevos deudores de los años 2021 y 2022. Así, la brecha de tasas entre deudores antiguos y nuevos se amplía, en algunos casos, impulsada por el incremento de desembolsos. Estos cambios en el comportamiento de las tasas ocurrieron tras la implementación de la regulación de tasas de interés. No obstante, también resulta relevante considerar el contexto macroeconómico: crecimiento menor al esperado, expectativas económicas a la baja e incertidumbre a nivel local e internacional, que finalmente inciden en un mayor costo del crédito.
De otro lado, la creciente digitalización del sector financiero ha expuesto a las instituciones a riesgos tecnológicos cada vez más complejos y sistémicos. La transformación digital ha incrementado la eficiencia y la innovación en los servicios financieros, pero también ha generado una fuerte dependencia de infraestructuras digitales y proveedores tecnológicos externos. Esto ha convertido a las amenazas cibernéticas y fallas tecnológicas en riesgos relevantes con alcance sistémico.
A nivel internacional, organismos como el Comité de Basilea y el Financial Stability Board (FSB) han promovido lineamientos para fortalecer la resiliencia operativa. En Perú, la digitalización ha impulsado la adopción de canales no presenciales y billeteras digitales, pero también ha generado nuevos desafíos vinculados a la ciberseguridad, la protección de datos y la continuidad operativa de plataformas digitales.
En esa misma línea, la SBS ha actualizado sus normativas para fortalecer la gestión de continuidad del negocio y la gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, alineándose con estándares internacionales y promoviendo ejercicios sectoriales para probar estrategias de resiliencia.
La respuesta regulatoria busca asegurar que las entidades financieras puedan resistir, responder y recuperarse ante disrupciones, incluidas aquellas tecnológicas, garantizando la estabilidad del sistema financiero en un contexto de creciente interdependencia entre actores dentro y fuera del sistema. Por su parte, las Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) fortalecen la inclusión financiera al brindar acceso a segmentos desatendidos a través de créditos de menor monto, con alta participación femenina y enfoque regional.
El Perú ha logrado avances sostenidos en inclusión financiera entre 2019 y 2024, reflejados en la expansión de la cobertura física y digital, así como en el aumento de la tenencia de cuentas. En este contexto, el sistema cooperativo cumple un rol clave al atender de forma exclusiva a más de 410 mil deudores —principalmente fuera de Lima— ofreciendo créditos de menor monto (2.4 veces inferiores en mediana respecto al sistema financiero) y con una destacada participación femenina (64% en general y hasta 98% en créditos grupales). Si bien su base de socios creció a un ritmo anual de 6%, aún enfrentan desafíos estructurales en gestión, eficiencia operativa y adaptación regulatoria. Las medidas recientes orientadas a adecuar plazos regulatorios, promover herramientas de gestión y mejorar la eficiencia en la supervisión buscan consolidar su sostenibilidad y su contribución a una inclusión financiera más amplia y efectiva, en línea con sus propios principios cooperativos.
Con relación al sistema de seguros, el nuevo Reglamento de Gestión de Activos y Pasivos (GAP) implementado por la SBS representa un avance significativo para el sector al establecer un marco integral para la gestión de diversos riesgos asociados a su operación. Este reglamento promueve una administración amplia e integrada de activos y pasivos que abarca tanto seguros de vida como de no vida, tanto a corto como a largo plazo.
La normativa fortalece y amplía los lineamientos existentes sobre gestión de activos y pasivos, introduciendo elementos clave como la creación del Comité de Gestión de Activos y Pasivos (Comité GAP), la categorización detallada de riesgos (mercado, crédito, liquidez y suscripción), y diversos indicadores cuantitativos para monitoreo y supervisión. Entre estos indicadores destacan: la cobertura de Grupos Homogéneos de Obligaciones (GHO), el Análisis de Suficiencia de Activos (ASA), indicadores de tasas de interés que miden la brecha en duraciones y sensibilidades entre activos y pasivos, e indicadores de liquidez con sus respectivas pruebas de estrés.
La implementación de este marco regulatorio busca fortalecer la solvencia de las aseguradoras, proteger los intereses de los asegurados y preparar al sector para enfrentar de manera más efectiva un entorno financiero cambiante.
