Hemos observado con absoluta claridad que las izquierdas del odio van a la deriva y dentro del barco pirata que usan para atropellar derechos humanos y libertades, la pelea no deja de parar, porque arriadas las velas que alguna vez pretendieron impulsarse con los vientos del cambio, no les queda más que un trapo, mantel de chifa o “wiphala” llena de huecos, por donde se filtran sus miedos y complejos.
Los cadáveres políticos de las izquierdas del odio, no conducen, no dirigen, no lideran. Se han quedado en los tiempos de los gritos de revolución sangrienta y saqueo del éxito ajeno, en el hambre por el poder y en la miseria por sostenerse sobre lo que puedan destruir (a ver cuánto les dura).
Todo lo que tocan los de las izquierdas del odio, se pudre y se hunde. Si no, veamos los casos de PetroPerú y la ONP (las empresas públicas creadas y quebradas por los sucesivos gobiernos de corte e inspiración izquierdista). Entre ambas, se suman más de cincuenta mil millones de dólares hechos humo y más de cincuenta mil millones de dólares necesarios para “reflotarse” (un eufemismo).
Y vayamos a casos más específicos: los gobiernos regionales en una gran parte, suman decenas de miles de millones malgastados y/o adeudados. Lo mismo en muchos gobiernos locales, cuyas administraciones engordaron sus planillas y salarios, pero desnutrieron sus arcas y persiguieron a los contribuyentes para no devolverles nada en servicios o beneficios vecinales.
Empresas públicas desfinanciadas, gobiernos regionales y locales que subsisten en el papel por millonarias e injustificables transferencias del Tesoro (de los impuestos recaudados, se usa ese dinero para alimentar lo que no sirve, lo que contamina, lo que es un pésimo ejemplo de gestión). ¿Y no se le pone un alto a ese dispendio? No, no se hace por puro populismo, por acuerdos con sindicatos de fachada que cobran sin producir y sin trabajar, y por mediciones político electorales de corto plazo. Es el trato más ilegal e ilegítimo del mundo, que aumenta sueldos innecesarios y presupuestos insostenibles con el dinero ajeno, sin tener del propio para hacerlo.
Cerrar PetroPerú y la Oficina de Normalización Previsional ONP es un imperativo, ahora. Recortar transferencias a gobiernos regionales y locales en quiebra, es una urgencia, ahora.
