Se acerca el desenlace: el Gobierno está haciendo hasta lo imposible para desestabilizar al país y consolidarse, a la mala, antes de fiestas patrias. Estamos obligados, por tanto, a fortalecer la unidad democrática e incrementar las medidas de resistencia anticomunista.
Tras la andanada de investigaciones fiscales, el oficialismo entiende que está procesalmente acorralado. La Fiscalía de la Nación por fin ha cambiado de actitud: tanto Pablo Sánchez como su sucesora, Patricia Benavides, se han alejado de la complicidad demostrada por Zoraida Ávalos y ejercen su derecho a investigar al Presidente en funciones. En la misma línea se ha desestimado la mal pretendida tutela de derechos, quedando subrayado el principio de que la inmunidad presidencial no equivale a impunidad.
En el Congreso las acciones de control también siguen su curso. Pronto podría declararse infracción constitucional contra Castillo; y, antes, terminará inhabilitada Dina Boluarte, con lo cual el Ejecutivo quedaría acéfalo en cuestión de pocas semanas. Además se aprobará la censura al ministro del Interior y es muy probable que la nueva Mesa Directiva del Congreso sea presidida por la oposición.
En paralelo las investigaciones periodísticas sobre los casos Villaverde – Silva, Bruno Pacheco, sobrinos y Karelim López (entre otros) han puesto a Castillo como cabecilla de una organización criminal que está tomando al estado por asalto.
Como respuesta, el Ejecutivo radicaliza sus políticas. De un lado continúan los consejos ministeriales descentralizados que, en realidad, son un mecanismo de azuzamiento entre los pueblos del interior. Del otro lado, el equipo encabezado por el inefable Aníbal Torres lanza propuestas dictatoriales como recortar facultades del Congreso en el antejuicio contra altos funcionarios del Estado, pretendiendo que el Poder Judicial se convierta en juez y parte, vulnerando la autonomía e independencia de la Fiscalía. En la misma línea propone un proyecto de ley para censurar la filtración de informaciones fiscales relativas a la corrupción gubernamental.
El telón de fondo en esta coyuntura es la ola de paros y protestas promovidos por la izquierda para forzar el cierre del Congreso, revivir el fantasma de la constituyente y organizar una milicia al servicio del régimen. Detrás de todo se advierte con claridad la mano de los servicios de inteligencia cubanos que intentan expandir la violencia.
La amenaza de la inestabilidad, entonces, no es ya un simple problema de gobierno – oposición, sino de seguridad nacional. Eso obligaría a las FF.AA. a intervenir tal como están haciendo los militares en el caso del presidente Lasso en Ecuador.
Fotografía referencial, Diario El Universo, Presidente Lasso con las FF.AA.
