El exministro del Interior Fernando Rospigliosi concluye sus últimas columnas sobre la crisis política reclamando “soluciones radicales”. Convengo con él totalmente.
Los crímenes del gobierno de Castillo Terrones son incuestionables. La voluminosa denuncia de la fiscal de la Nación es precisa al sindicar al chotano como cabecilla de una organización criminal organizada para saquear al Estado.
Día tras día, además, nuevas denuncias periodísticas amplían hasta la náusea del organigrama y los delitos de una mafia que usurpa el gobierno para robar con voracidad de pirañas con el agravante de vínculos directos con el narcotráfico, el genocida Sendero Luminoso y el Foro de Sao Paulo, desde el cual se alienta una conspiración internacional contra el Perú.
Está demostrado que el castillismo ha organizado su defensa a través de un Gabinete torpe, que descuida sus funciones para blindar a los corruptos; un primer ministro que es garfio político contra la prensa libre y el Congreso; un sistema de policía desvirtuado; y una diplomacia que articula una protección internacional especialmente agresiva y lambiscona desde tres embajadas podridas: ante la OEA, ante las Naciones Unidas y ante el gobierno de Madrid.
Está probado, además, que la organización criminal tiene ramificaciones en el Congreso de la República donde actúan con impunidad parlamentarios corruptos para impedir cualquier sanción. Y paralelamente el país está controlado por centenares de funcionarios infiltrados desde las filas senderistas.
Ante esto el debate procesal y constitucionalista sobre las limitaciones del artículo 117 de la Constitución se han convertido en ejercicios hipócritas y morbosos. La ruta de salida ya ha sido bien sustentada, debiéndose aplicar el artículo 114.1 de la Carta en el marco de la Convención de NN.UU. sobre la corrupción.
La solución radical consiste entonces en el manejo drástico que debe tener el presidente del Congreso, quien debe imponer un trabajo ordenado y urgente de las comisiones respectivas. El general Williams debe convocar también el apoyo de las Fuerzas Armadas, las cuales bajo la premisa de la seguridad nacional ya tienen el camino allanado no para un golpe de Estado, sino para intervenir en respaldo del Parlamento. ¿O esperan los comandantes generales que el pueblo les tire maíz tildándoles de gallinas, como hicieron los chilenos en los días previos a la intervención de Pinochet? La alternativa, ya sabemos, es que Castillo y su banda sigan destruyendo al Perú hasta el año 26 y quizá hasta mucho más. ¡No lo permitamos!
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