De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil afecta al 9.6% de la población entre 5 y 17 años en todo el mundo. Esta situación genera severas consecuencias, debido a que limita la capacidad de desarrollo en los menores de edad por las menores horas destinadas a su educación, además que pone en riesgo su salud física y mental. Lamentablemente, el progreso en la reducción del trabajo infantil en el Perú se ha mantenido sin variaciones en los últimos años.
De acuerdo con estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), durante el año pasado, el 25.8% de la población entre 5 y 17 años estuvo trabajando dentro o fuera del hogar [1], lo cual perjudicó a un total de 2.1 millones de menores de edad. La incidencia es considerablemente mayor en las zonas rurales (55.6%) en relación con lo reportado en las urbanas (16.9%). El motivo de esto radica en la participación de menores de edad en el sector agropecuario, pues, a nivel nacional, la mayoría de ellos reportó ayudar en la chacra o el pastoreo de animales.
A pesar de lo tradicionales que parezcan estas actividades, en la práctica, se traducen en menores horas de estudio que limitan el desempeño académico de los menores de edad, y en casos extremos genera el abandono de la formación educativa. Una muestra de ello es que la tasa de transición a la educación secundaria [2] se mantuvo por encima del 95% durante los últimos años, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Educación (Minedu), pero la tasa de transición a la educación superior apenas fue del 30.9% en 2022. En ese sentido, aunque no es el único factor que influye, la mayor tasa de empleo infantil a nivel nacional en la población entre 14 y 17 años (37.5% en 2022) sugiere que las horas destinadas al trabajo impiden el acceso a la educación superior, lo cual se agrava en las zonas rurales, donde solo el 20.1% de los alumnos que asisten a la educación superior egresaron de secundaria el año previo.
Esta dinámica también se observa a nivel departamental, donde aquellos departamentos con una mayor tasa de trabajo infantil reportaron menores tasas de transición a la educación superior durante el año pasado. Los casos más problemáticos corresponden a Apurímac, que posee la menor tasa de transición a educación superior, con el 6.5%, y también reporta que el 62.1% de la población entre 5 y 17 años trabajó, seguido por Huancavelica, con la mayor tasa de empleo infantil (66.4%) y una de las más bajas en transición a la educación superior (18.5%).
Evidentemente, existen factores adicionales que limitan o favorecen el acceso a la educación superior, lo cual explica la presencia de resultados atípicos y que, gráficamente, los departamentos no formen una línea recta al plasmar los resultados en un cuadro. Aun así, eliminar el trabajo infantil contribuiría significativamente a reducir los bajos niveles de transición a la educación superior. Ambos objetivos deben ser una prioridad del Gobierno para garantizar una calidad de vida adecuada en la niñez y en el futuro de las personas.
Esto último es relevante al considerar que las personas con mayor educación tienen más probabilidad de encontrar empleo formal en el futuro y, además, se estima que este beneficio incrementa considerablemente al pasar de la educación secundaria a la superior, de acuerdo con Miguel Jaramillo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). Es decir, promover la educación universitaria o técnica es fundamental para reducir los elevados niveles de informalidad laboral en el futuro.
RECONOCER EL APRENDIZAJE PREVIO PARA PROMOVER EL EMPLEO DECENTE
Debido a los bajos niveles de transición a la educación superior y a que el nivel educativo alcanzado influye en la capacidad para acceder a empleos adecuados, un problema relevante para el Perú es que la fuerza laboral que no ingresó a una universidad o instituto tras acabar el colegio está expuesta a mayores niveles de informalidad. Para revertir esta situación, la OIT recomienda la implementación del proceso de Reconocimiento del Aprendizaje Previo (RPL, por sus siglas en inglés), que consiste en certificar el aprendizaje obtenido durante la experiencia práctica en el trabajo o de forma autodidacta.
El sistema RPL genera múltiples beneficios, como facilitar el acceso a la educación superior, debido a que las certificaciones emitidas pueden convalidarse por créditos académicos en universidades e institutos, además que incrementa los niveles de empleabilidad y facilita la transición de empleos informales a formales debido al reconocimiento de las competencias de los trabajadores. Por ello, este sistema ha sido implementado en varios países europeos durante los últimos años, de acuerdo con investigaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En el Perú, el sistema RPL fue considerado en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, donde se contempló un plazo máximo hasta julio de 2030 para implementarlo. Para esto, primero debía elaborarse el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), que fue publicado a mitad del año pasado, el cual consiste en un instrumento que especifica los criterios estandarizados a nivel internacional que deben cumplirse para reconocer formalmente una habilidad desarrollada. De esta manera se asegura la credibilidad de las certificaciones que emitirá el sistema.
En setiembre de este año, el Ministerio de Educación aprobó el plan de implementación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), que continúa con el proceso de reorganización de esta institución, el cual estuvo interrumpido desde 2014. Este también establece que el Sineace debe ejercer sus funciones con base en los criterios establecidos en el MNC, lo cual implica comenzar a certificar las competencias de menor cualificación que son requeridas en las ocupaciones elementales, porque en los últimos años la institución solo certificó las competencias de nivel profesional (universitario o técnico). Esto representa un avance significativo para lograr la implementación del sistema de equivalencias de cualificaciones y la acumulación de créditos para empezar con el proceso RPL.
El reconocimiento de aprendizajes previos es un mecanismo indispensable para mejorar los bajos niveles de productividad en la fuerza laboral peruana, debido a que representa una oportunidad para continuar la formación educativa. Por ello, una implementación tardía, recién en 2030 o en años posteriores, por demoras en su gestión, generaría importantes pérdidas en la capacidad de formalizar a múltiples trabajadores, quienes continuarán expuestos a bajos niveles remunerativos y carecerán de los derechos laborales a los cuales deberían acceder.
[1] Se emplea la metodología propuesta por el Minedu, la cual considera a los menores ocupados en la producción económica y en otras actividades productivas (tareas domésticas).
[2] De acuerdo con el Minedu, la tasa de transición a la educación secundaria corresponde al porcentaje de estudiantes que asisten al primer año de secundaria tras haber culminado la primaria el año previo.