El tráfico de vida silvestre es una de las economías ilícitas más lucrativas del mundo y representa una grave amenaza para la biodiversidad. Además, su impacto pone en riesgo la salud pública, ya que facilita la propagación de enfermedades zoonóticas y debilita los ecosistemas que sustentan a millones de personas.
Según Naciones Unidas, a nivel global, el tráfico de vida silvestre moviliza entre 7,000 y 23,000 millones de dólares anuales, situándose como la cuarta actividad ilegal más rentable, después del tráfico de armas, drogas y la trata de personas.
En ese marco, el informe “Indicadores para entender las economías ilegales”, elaborado por Gisella Aragón, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, y José Luis Ruiz, profesor de la misma escuela, señala que el tráfico de flora y fauna en Perú sigue expandiéndose debido a la alta demanda nacional e internacional, con países como China y Hong Kong entre los principales destinos de las especies traficadas.
Según el estudio, este negocio ilícito opera a través de redes organizadas que comienzan con la extracción de especies en comunidades y zonas remotas del Nororiente, el Centro y el Sur del país. Especies como la tortuga taricaya, el mono choro y el guacamayo azul son las principales víctimas de este comercio ilegal, pues son capturadas y transportadas en condiciones precarias a ciudades como Iquitos y Yurimaguas, desde donde se distribuyen a mercados de abasto o se exportan ilegalmente.
Para Gisella Aragón, la lucha contra este delito requiere una estrategia integral. “El tráfico de vida silvestre es una amenaza multifacética que va más allá de la destrucción de ecosistemas. Está socavando la seguridad de las comunidades locales y fomentando la corrupción en diversos niveles gubernamentales. Sin un fortalecimiento significativo de los mecanismos de fiscalización y control, nos enfrentamos a un problema que continuará escalando de manera alarmante”.
Asimismo, José Luis Ruiz subraya la magnitud del problema a nivel nacional: “Existe una red alarmante de comercio ilegal de especies protegidas, con 41 mercados de abasto identificados en 10 regiones del país. Lo más preocupante es que estos centros de comercio ilícito continúan operando casi con impunidad. La escasez de recursos destinados a la vigilancia y la insuficiente capacidad de supervisión han creado un entorno propicio para que este negocio ilegal florezca. Es un círculo vicioso que requiere una intervención urgente y coordinada de las autoridades”.
En el Día de la Vida Silvestre, se hace un llamado urgente a fortalecer la fiscalización en rutas clave, endurecer las sanciones y generar mayor conciencia ciudadana sobre el impacto de este crimen ambiental.
“Hoy nos encontramos en un punto crítico. La inacción podría resultar en la extinción de numerosas especies en las próximas décadas, lo que representaría una pérdida catastrófica no solo para nuestra biodiversidad, sino también para nuestra economía y el equilibrio ecológico global. Es imperativo que actuemos ahora con medidas decisivas y coordinadas”, concluye Aragón.
