Un ministro “bellaco” con los peruanos más pobres

"Los directores de Perúpetro, usando argucias, impiden que el sector privado continue con una operación petrolera con la cual se mostraron interesados"

Después de revisar la evolución hasta la fecha, tanto de Petroperú como de Perúpetro; es evidente que son necesarias acciones inmediatas que deben incluir: a) cambio de directores b) apertura de procesos, c) evaluación de aportes previa supervisión frecuente; y d) adecuaciones en la ley 28840 (variando composición accionaria y retorno al ámbito de FONAFE).

Añadiré que considero necesario el cambio de ministros, tanto de Energía y Minas como de Economía y Finanzas, porque el MINEM representa el 60 por ciento del accionariado y el MEF el otro 40 por ciento; y porque las medidas mencionadas, que son obligadas por la seriedad y responsabilidad en el cuidado de los dineros del pueblo, debieron hacerse hace seis meses. Además, porque el actual ministro de economía aprobó, mediante resolución ministerial, el endeudamiento a favor Petroperú, a pesar de conocer la situación deterioro patrimonial (pérdidas acumuladas y en el ejercicio), excesivamente alto endeudamiento, y perdida de capital de trabajo que tiene la empresa.

En nuestro artículo de agosto sobre la gestión del ministro Contreras, precisamos la situación económico-financiera de Petroperú con las siguientes cifras:

“Petro” tiene un ratio de deuda de 3.6 veces su patrimonio, sus pasivos totales financian el 74 por ciento de sus activos con lo cual su patrimonio solo respalda el 35 % de sus activos, tiene que pagar intereses por aproximadamente US$ 200 millones anuales y registra pérdidas operativas de US$ 380 millones de dólares a junio 2023. Lo único que lo salva de una total bancarrota, afectando la caja fiscal, es que el repago del principal está previsto desde 2032 y 2047.

Con estas cifras, el ingeniero economista de la UNI es incapaz de construir una pared sin que se caiga, para proteger la caja fiscal de todos los peruanos, limitándose a decir que no romperá las reglas fiscales. Sin embargo, se muestra hipócritamente solidario con lo que es una “expropiación encubierta”, porque los directores de Perúpetro, usando argucias, impiden que el sector privado continúe con una operación petrolera con la cual se mostraron interesados. Además, el MINEM está cediendo la operación a Petroperú hasta que se formalice la decisión.

Lo peor de todo, es que el ministro Contreras ha viajado a Nueva York para mentirle a los miembros de “Americas Society” y del “Consejo de las Américas”, en cuanto a sus medidas para fortalecer la confianza y el retorno de la inversión privada al país, porque con una mano dice querer reparar el daño hecho por el presidente Castillo y su vicepresidenta Dina Boluarte; pero con la otra, le está asignando, mediante directores del MEF, los dos lotes sin licitación a Petroperú a pesar de que está en mala situación financiera y con desbalance patrimonial, además de carecer de socio que aporte capital para la inversión en exploración y producción de los pozos.

Por las cifras que hemos dado, la responsabilidad de las pérdidas del proyecto que formuló Baca Campodónico y cubrió Kurt Burneo con dinero de la caja fiscal, tiene que seguir pagando intereses por dos mil millones de dólares hasta que se inicie el pago de los cuatro mil millones de pasivos de largo plazo registrados a la fecha. Esto hace una pesada situación financiera para la empresa. Una situación que jamás hubiera ocurrido en una empresa privada porque no le hubieran otorgado el crédito para tremenda locura. Sin embargo, a Petroperú se lo otorgaron por las garantías del MEF. Eso hace que toda la decisión deba ser retiradas de las manos del MINEM.

No voy a terminar con una irónica frase felicitando al ministro Contreras por el trabajo de dispararse a los pies y socavar la confianza que se desea recuperar, sino mostrando su verdadera faceta de “bellaco”, producto que no construye la solución que los peruanos más pobres necesitan, y tienen que seguir pagando un exorbitante precio por combustibles. Por eso debe ser despedido, sin darle las gracias por sus servicios, en razón que la eficacia y eficiencia de las organizaciones públicas a su cargo se están viendo afectadas por su accionar irregular.

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