Lo que viene sucediendo en Venezuela, Nicaragua y Cuba es una secuencia normal de los feroces ataques a los Derechos Humanos que impulsan gobiernos totalitarios de izquierda, con una represión criminal, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, juicios sumarios, cambios en las definiciones legales de acusaciones y exclusiones (los condenados son los demócratas, los excusados son los comunistas).
Sólo en Venezuela y Cuba los establecimientos para detenciones no se dan abasto a pesar de haberse habilitado nuevas “unidades de alta seguridad para la evaluación y medición de responsabilidades”, mientras en Nicaragua se implementan “casas de torturas” según denuncias recibidas por #MinutoDigitalPerú en base a testimonios de ciudadanos que prefieren guardar reserva de sus identidades (por seguridad para ellos y sus familias).
Les transcribimos lo que medios independientes informan:
Venezuela, vía @ElNacionalWeb
La Sala Plena del TSJ legítimo instó a la Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Corte Interamericana de los Derechos Humanos y Corte Penal Internacional a tomar medidas ante las recientes acciones de intimidación del régimen de Nicolás Maduro.
En un comunicado, pidieron a los organismos internacionales prestar atención al Informe Anual 2020 de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas.
«Quienes integramos este máximo Tribunal de Justicia del país manifestamos nuestro sincero reconocimiento por el sustancioso trabajo realizado por los miembros de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, que dirige el abogado Humberto Prado Sifontes, en el que valientemente se denuncian y documentan las sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, y se deja constancia de todas las gestiones realizadas en la obtención de la información necesaria para dar a conocer a la opinión pública nacional e internacional de tales violaciones, así como también realiza importantes recomendaciones para que se concientice la necesidad inmediata de lograr que se respeten y garanticen los derechos humanos», indicó el TSJ legítimo.
La institución señaló que el informe aborda temas de vital importancia como la práctica de ejecuciones extraoficiales por parte de funcionarios de la FAES y del Cicpc, la violación del derecho a la integridad personal mediante la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, la desaparición forzada y las detenciones ilegales.
También destaca la situación particular de los presos políticos, los asuntos relativos a los derechos a la información, libertad de pensamiento y expresión, las agresiones contra los trabajadores de la prensa perpetrados en el contexto de los eventos de calle convocados por el gobierno interino.
Nicaragua, vía @confidencial_ni
El pasado 28 de mayo, Nicaragua presenció —entonces sin saberlo— el inicio del agravamiento de la más reciente escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que hoy mantiene 26 rehenes electorales. Veinticuatro de ellos están incomunicados, sin recibir alimentos, visitas de familiares o acceso a la defensa, a pesar de la demanda de respeto a sus derechos humanos que ha trascendido las fronteras nacionales.
Primero, el régimen ejecutó, el 20 de mayo, el segundo allanamiento ilegal al estudio de grabación de CONFIDENCIAL y Esta Semana, y tras el primero de decenas interrogatorios en el Ministerio Público, ordenó el secuestro de dos ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh): Marcos Fletes y Walter Gómez, los primeros rehenes detenidos el viernes 28 de mayo.
Los precandidatos presidenciales arrestados
- Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y aspirante presidencial independiente.
- Arturo Cruz Sequeira, politólogo, exembajador, académico y precandidato presidencial inscrito en la Alianza Ciudadanos por la Libertad.
- Félix Maradiaga Blandón, politólogo, exdirector del IEEPP y precandidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
- Juan Sebastián Chamorro, exdirector de Funides y de la Alianza Cívica y precandidato presidencial inscrito en la Alianza Ciudadanos por la Libertad.
- Miguel Mora Barberena, periodista, propietario de 100% Noticias, político opositor y precandidato presidencial del Partido de Restauración Democrática (PRD).
- Medardo Mairena, líder y precandidato presidencial del Movimiento Campesino. Fue preso político del régimen entre 2018 y 2019.
Un combo de leyes para silenciar a la oposición
En sus argumentos para justificar el arresto de la mayoría, el Gobierno cita supuestas violaciones a la Ley 1055 o “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, una ley aprobada en diciembre de 2020, que contiene un único artículo para prohibir los derechos políticos a quienes el régimen califica de “traidores a la patria”.
El Gobierno también instauró un modus operandi: primero arresta y luego solicita ante un juez una extensión de hasta tres meses para “investigar”. Además, con una reforma al Código Procesal Penal (CPP), aprobada en enero de 2021, el régimen se amplió de 48 horas hasta 90 días el plazo en que un ciudadano puede estar preso sin ser acusado, mientras se realiza —según la narrativa oficial— una “indagación a profundidad”.
Más de 130 presos políticos
Además de los 26 rehenes electorales arrestados del 28 de mayo a la fecha, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene más de 130 presos políticos en las celdas del Sistema Penitenciario Nacional “La Modelo” y “La Esperanza” y algunas delegaciones policiales.
Un informe del Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race & Equality), presentado este 7 de julio, titulado “Nicaragua, una crisis de derechos humanos sin resolver”, sostiene que estas detenciones son arbitrarias, y sus procesos judiciales carecen de garantías, producto de la persecución política del Gobierno, sus instituciones y simpatizantes, que “actúan con impunidad”.
El informe indica que las instituciones del Estado han sido parte del esquema “represivo y violador de derechos humanos” que implementa el régimen orteguista, destacando entre estos a operadores de justicia como: la Policía Nacional, Fiscalía General de la República, jueces y el Sistema Penitenciario Nacional.
Desde abril de 2018 al 13 de febrero de 2020, “el Estado de Nicaragua apresó a 657 personas consideradas presas y presos políticos”. Además, 92 personas “no fueron presentadas ante la autoridad judicial competente” y la Fiscalía “ejerció acción penal” contra 361 ciudadanos que “no fueron detenidos al momento de la formulación de la acusación. De estos 926 nicaragüenses, más de 130 permanecen encarcelados, incluyendo a una decena desde antes de 2018.
Cuba, vía CubaNet.org
En breves horas, y siguiendo procesos abreviados, veremos a los tribunales cubanos muy ocupados juzgando personas bajo “la indicación que tenemos es mayor severidad”, aunque alguien diga que esos “juicios” ocurrieron en “debido proceso”
La fiscal jefa de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República (FGR) Lisnay Mederos Torres, y la coronela del Ministerio del Interior (MININT) Moraima Bravet Garofalo, jefa de la Dirección de Investigaciones Criminales y Operaciones, comparecieron el pasado miércoles en el programa de la televisión estatal Hacemos Cuba para informar sobre las acusaciones imputadas a manifestantes detenidos por su participación en las protestas del pasado 11 de julio, ocurridas en varias ciudades del occidente, centro y oriente de la Isla.
Aunque la fiscal Mederos Torres aseguró que la FGR respeta y protege los derechos constitucionales del debido proceso que asiste a los acusados, algunas de estas personas serán presentadas a los tribunales en procesos sumarios en las próximas horas. En el caso de la coronel del MININT Moraima Bravet Garófalo, encargada de dirigir “la carga de pruebas” —esto es, la sustanciación de las acusaciones— dijo que “la indicación que tenemos es mayor severidad”.
¿Qué quiso decir la coronela Bravet cuando expresó: “la indicación que tenemos es mayor severidad”?
Como la coronela Moraima Bravet Garofalo es la máxima responsable en Cuba de la investigación criminal — entiéndase penal—, cuando ella dijo en la televisión “la indicación que tenemos es mayor severidad”, quiso decir que, partiendo del presidente-secretario del PCC, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, y a través del ministro del Interior, general de división Lázaro Alberto Álvarez Casas, los órganos operativos del MININT recibieron la orden de acusar judicialmente a los detenidos no sólo por los delitos conceptuados en el Código Penal con penas privativas de libertad mayores, sino también aplicando circunstancias agravantes que conducen a sanciones más severas.
Dicho de otro modo: de concurrir en un delito varias circunstancias agravantes o por manifestarse alguna de ellas de manera muy intensa, el tribunal puede aumentar hasta la mitad el límite máximo de la sanción prevista, y, un delito cuya sanción máxima sea de 10 años, la privación de libertad puede llegar hasta 15 años, y uno de 20, se puede transformas en hasta 30 años de cárcel.
Preguntará el lector qué son las circunstancias agravantes. El artículo 53 del vigente Código Penal define como circunstancias agravantes de la responsabilidad penal, entre otras, cometer el hecho formando parte de un grupo de tres o más personas, ocasionar con el delito graves consecuencias, cometer el delito con la participación de menores de edad, cometer el hecho aprovechando una calamidad pública que pueden ser climatológicas, de salud, por graves accidentes u otras circunstancias de peligro generalizado, cometer el hecho luego de ser advertido por la policía de encontrarse en la comisión de delitos, actuar contra personas que se encuentren cumpliendo con un deber legal o social, cometer el delito contra personas o bienes considerados priorizados para el Estado u otros estamentos del país, en fin, podrá imaginar el lector que todas estas circunstancias, o alguna de ellas con marcada intensidad, serán aplicadas a alguno de los acusados por las manifestaciones ocurridas el pasado 11 de julio y en días posteriores.
Ahora bien, del mismo modo que en el Código Penal se conceptúan las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal —las que, sin duda, serán aplicadas a los manifestantes porque “la indicación que tenemos es mayor severidad”, como dijo la coronel Moraima Bravet—, también existen circunstancias atenuantes que serán aplicadas, pero, en este caso, a los “revolucionarios” que contendieron a los manifestantes.
La televisión y todos los medios de comunicación del régimen están difundiendo imágenes de los castrocomunistas lesionados durante las manifestaciones, pero no muestran imágenes de los manifestantes lesionados por los partidarios del militarismo, armados con garrotes desde hace muchísimos años. Así y todo, las lesiones provocadas por los partidarios del régimen tienen a su favor, en el remoto caso que sean juzgadas, circunstancias atenuantes previstas en el artículo 52 del Código Penal.
Según la ley penal, entre otras, son circunstancias atenuantes haber obrado bajo la influencia de una amenaza o coacción, proceder por impulso espontáneo para evitar o disminuir los efectos de un delito, haber mantenido buena conducta en el cumplimiento de los deberes sociales y con la patria, haber obrado obedeciendo a un móvil noble y haber cometido el delito en grave estado de alteración psíquica provocada por los actos ilícitos del ofendido.
Teniendo en cuenta que las manifestaciones de protestas ocurrieron a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, en breves horas y siguiendo procesos abreviados, veremos a los tribunales cubanos muy ocupados juzgando personas bajo “la indicación que tenemos es mayor severidad”, aunque alguien diga que esos “juicios” ocurrieron en “debido proceso”. Luego, que no se diga que las manifestaciones, los asaltos a comercios que venden y cobran con monedas extranjeras, en “las calles de los revolucionarios”, ocurren por obra y gracia del “imperialismo yanqui” y no por un pueblo a la fuerza convertido en marginal por la clase acomodada y dirigente que es la clase dirigente del Partido Comunista.
