Los recientes asesinatos de dos ingenieros residentes de obras en Piura, sumados al del dirigente de construcción civil Arturo Cárdenas hace unas semanas (con lo cual se completan veinticuatro líderes sindicales en la última década), dejan en evidencia que las organizaciones criminales que se esconden bajo la fachada de seudo-sindicatos de construcción, han llevado a extremos impensados hasta hace poco, el uso de la violencia para alcanzar sus fines delictivos.
Desde fines de la primera década del siglo XXI en que comenzó a crecer la actividad delincuencial de estas organizaciones, no sólo se ha incrementado la ferocidad con que actúan, sino que su ámbito de acción se ha extendido a otras actividades como el tráfico de tierras, los préstamos ilegales usureros, los negocios “inmobiliarios” o de venta de materiales para lavar activos, la extorsión a pequeños comerciantes o transportistas y el sicariato.
Todo ello les ha permitido acumular importantes recursos económicos, les ha otorgado poder para cooptar o amenazar a alcaldes, jueces, fiscales, policías y a mantener de rehenes a los pobladores que viven en los “programas habitacionales” que promueven. En buena cuenta, estas organizaciones criminales ejercen un dominio territorial en áreas de expansión de los principales centros urbanos del país.
Los aparatos legales y operativos con que cuentan estas bandas contrastan con la debilidad y la escasez de recursos de las fuerzas del orden encargadas de combatirlas. Baste decir que el personal policial asignado a la dependencia de protección de obras civiles pasó de 200 efectivos en el año 2015 a menos de 10 en la actualidad.
De otro lado, la impunidad con que actúan estas bandas ha hecho que sus “fuerzas de choque” incursionen también en la comisión de delitos menores (robo de celulares o de vehículos, secuestros al paso, micro-comercialización de drogas, entre otros). Y la estrategia de las autoridades parece ser concentrarse en combatir estos delitos y no a perseguir a los cabecillas de las organizaciones criminales, a quienes no se les va a capturar con más motos, cámaras o patrulleros en las calles. Es como si se pretendiera luchar contra el narcotráfico únicamente procesando a los “burriers”. De la misma forma que los traficantes de droga o los mineros ilegales, las bandas delincuenciales que se esconden bajo el disfraz de seudo-sindicatos de construcción son una amenaza para el estado de derecho, porque “gobiernan” en tierras “liberadas” donde no rigen las leyes peruanas sino la imposición de sus líderes.
La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP y CAPECO han propuesto una estrategia integral para el combate del crimen organizado en las obras de construcción civil y en el tráfico de tierras, mediante un esquema de colaboración público-privada, que permita diseñar, ejecutar y monitorear acciones integradas en los diferentes ámbitos involucrados en este agudo problema social, así como fijar objetivos de corto, mediano y largo plazo para lograr su efectiva solución.
En principio, corresponde señalar que la ejecución de tal estrategia debería ser coordinada desde la Comisión Multisectorial creada por el Decreto Legislativo N° 1187 y cuya composición y funciones fueron regulados a través del Decreto Supremo N° 087-2015-PCM, dado su carácter permanente y su condición de instancia de diálogo, coordinación y seguimiento de las acciones de prevención y sanción de la violencia en obras de construcción civil. Sin embargo, para el establecimiento de los alcances y líneas de acción de la estrategia, deberá efectuarse previamente una evaluación de la actuación de esta Comisión desde el año 2015 en que fue constituida. Como parte de la indicada estrategia integral, la FTCCP y CAPECO plantean:
- Fortalecer con mayores recursos humanos, técnicos y financieros al órgano policial que se encarga de la protección de obras civiles, para que pueda efectuar tareas de prevención, inteligencia y represión de las acciones de las organizaciones criminales que actúan en el sector construcción y en el tráfico de tierras.
- Constituir Unidades de Flagrancia, en las que actúen simultáneamente la policía, la fiscalía, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, empezando por las circunscripciones en las que se presentan más hechos de violencia en obras y de tráfico de tierras.
- Derogar o, por lo menos, reformar sustantivamente la Ley 32018 que modificó el Código Penal, la Ley contra el crimen organizado, así como la norma que limita los derechos en investigaciones preliminares y estableció condiciones laxas para tipificar los delitos que efectúan organizaciones delincuenciales, lo que ha terminado empoderando a tales organizaciones y dificultando su encausamiento.
- Efectuar una depuración de los registros de inscripción de sindicatos de construcción civil, en especial en las Direcciones Regionales y establecer criterios más estrictos para la formación de sindicatos y mecanismos más eficientes de supervisión y sanción, a cargo del Ministerio de Trabajo.
- Facultar a la Policía Nacional y al Ministerio Público a impulsar, de oficio, procesos de investigación de acciones delictivas efectuadas por las organizaciones criminales que promueven la violencia en obras y el tráfico de tierras, mediante la incorporación de una nueva tipificación de estos delitos en el Código Penal.
- Facilitar la actualización y la interoperabilidad del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – RETCC y del Registro Nacional de Obras de Construcción – RENOCC, con la finalidad de garantizar el acceso en tiempo real de estas plataformas con las de entidades relevantes como la Planilla Electrónica de la SUNAT, los registros de identidad y estado civil de la RENIEC, las bases de datos de antecedentes policiales y judiciales, el registro de propiedad de la SUNARP, entre otros.
- Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF y a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN en los procesos de investigación de las organizaciones criminales involucradas en violencia en obra y tráfico de tierras, con la finalidad de perseguir el blanqueo de capitales, el lavado de dinero y la invasión de terrenos de propiedad pública.
- Desarrollar intervenciones integrales en los barrios marginales que han sido tomados por la delincuencia, mediante la actuación simultánea del programa “Barrio Seguro” del Ministerio del Interior, el de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda y otros dirigidos a generar oportunidades de desarrollo humano a las familias residentes, en especial a los jóvenes y adolescentes para evitar que se inclinen por el delito.
- Establecer un conjunto de indicadores objetivos de desempeño con la finalidad de efectuar un seguimiento, monitoreo y perfeccionamiento de las acciones comprometidas en la estrategia integral.
- Incluir a representantes de trabajadores y empresarios en la Comisión Permanente de seguimiento a la violencia en obras de construcción civil del Ministerio del Interior, constituida mediante el Decreto Legislativo 1187, con el propósito de evaluar y perfeccionar conjuntamente las acciones que se efectúen en el marco del combate a las organizaciones criminales involucradas.
