La decisión del gobierno de Donald Trump en 2025 sobre designar a los cárteles de droga como organizaciones terroristas es una política acertada para la seguridad colectiva de las Américas. Sin embargo, lo cierto es que Estados Unidos llegó tarde al juego. Hace más de una década, líderes empresariales guatemaltecos ya habían dado la voz de alarma sobre este problema.
En 2012, el sector privado organizado (SPO) de Guatemala publicó un informe titulado Drogas, armas y dinero en efectivo. El documento advertía sobre la creciente amenaza de las organizaciones criminales transnacionales (OCT) y sus vínculos con el terrorismo. Destacaba el papel de las OCT en el tráfico de drogas y personas, la inmigración ilegal y el narcoterrorismo. El informe exponía la vulnerabilidad de Centroamérica ante estas organizaciones y su creciente influencia financiera.
El informe abogaba por el intercambio de inteligencia, la cooperación regional y una “cultura de consecuencias” para enfrentar a las OCT. Proponía instituciones más sólidas, inteligencia tecnológica y el decomiso de bienes como herramientas para desarticular las finanzas de los cárteles. Estas estrategias están alineadas con el enfoque anti cárteles actual de Trump.
El SPO guatemalteco publicó estos hallazgos hace 14 años. Si los gobiernos de la región hubieran mantenido un enfoque firme en el problema identificado como prioridad en ese momento, el panorama actual de seguridad colectiva sería mucho menos alarmante.
Lamentablemente, lo que pudo haber sido el inicio de un consenso emergente en Guatemala —y Centroamérica— fue descarrilado por el Departamento de Estado de EE. UU. (DOS) y su marioneta legal, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU. Este giro ocurrió bajo las consignas impulsadas por el DOS en los medios, relacionadas con la “lucha contra la corrupción” y el “pacto de corruptos”.
La comisión respaldada por la ONU cambió la agenda
La CICIG inició sus operaciones en Guatemala en 2007, con un mandato original de apoyar y fortalecer las instituciones guatemaltecas en la investigación y enjuiciamiento de delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Este mandato incluía a las OCT: sus esfuerzos por penetrar en la política y sus milicias fuertemente armadas.
La CICIG no logró cumplir su mandato bajo sus dos primeros comisionados, Carlos Castresana y Francisco Dall’Anese. En 2013, Iván Velásquez asumió el cargo como comisionado de la CICIG y, con el respaldo directo del DOS, secuestró la institución y desvió su misión hacia una supuesta lucha contra la corrupción.
Las grandes “victorias” de la CICIG en este frente ocurrieron en 2015, cuando el entonces presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti optaron por renunciar tras ser señalados por corrupción. Su base electoral de clase media los repudió públicamente en masivas protestas urbanas, junto a sus adversarios políticos.
El consenso emergente contra la corrupción —tradicionalmente una prioridad de la clase media— murió al nacer, pues pronto se hizo evidente la agenda de “lawfare” (guerra jurídica) de la CICIG. La comisión intentó derribar al siguiente presidente electo democráticamente, Jimmy Morales, por supuestas violaciones al financiamiento electoral.
En dos ocasiones, en menos de nueve meses, la CICIG intentó promover su destitución, llegando incluso a allanar la residencia presidencial. En medio de los “jueves de CICIG” —ruedas de prensa organizadas para anunciar avances en sus investigaciones— Velásquez se volvió una celebridad internacional en círculos políticos y mediáticos de izquierda. Incluso fue elogiado como el “Robert Mueller de América Latina”.
La CICIG también fue duramente criticada por actuar como fiscal, juez y jurado en Guatemala, un país conocido por el abuso de la prisión preventiva. No obstante, la CICIG amplió su enfoque para perseguir a importantes líderes del SPO por acusaciones cuestionables de financiamiento electoral. Con el apoyo clave del DOS, impulsó una campaña de desinformación que vinculaba falsamente al SPO con los cárteles, como parte del famoso “pacto de corruptos”.
“Los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad han evolucionado con la realidad política y económica de Guatemala, y están profundamente ligados al Estado, al sector privado y a distintas instituciones de la sociedad civil.”
—Iván Velásquez, mayo de 2019
La canción de guerra de la CICIG contra los líderes del SPO fue escrita por el DOS y entonada por un coro de ONG y medios de comunicación (WOLA, CSIS, Al Jazeera, Civicus, the Guardian). Aunque hizo poco por enfrentar a los cárteles, la CICIG logró intimidar al SPO para que se retirara del financiamiento político legítimo. Esto dejó un vacío perjudicial para los intereses estadounidenses.
La misma CICIG determinó, en 2015, que el crimen organizado rivalizaba con el SPO como fuente de financiamiento de campañas, aunque ambos quedaban por detrás de los contratistas estatales. La corrupción endémica fue de la mano con el ascenso del poder político de los narcos.
A raíz de los enfrentamientos de la CICIG con la administración de Morales, Velásquez salió de Guatemala y se le negó el reingreso. Esto ocurrió meses antes de que Morales se negara a renovar el mandato de la CICIG en septiembre de 2019.
La historia continúa
El posterior nombramiento de Velásquez como ministro de Defensa de Colombia fue celebrado de inmediato por Todd Robinson, entonces secretario adjunto del DOS para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley. Robinson había sido embajador de EE. UU. en Guatemala durante el auge de Velásquez en la CICIG. Velásquez fue designado en su nuevo cargo por el presidente Gustavo Petro, un exguerrillero marxista y antisemita. Actualmente enfrenta denuncias creíbles de corrupción y vínculos con las mismas estructuras paralelas alimentadas por el narco que se suponía debía combatir en Guatemala.
El lawfare de la CICIG contra el SPO guatemalteco falló el blanco y aceleró el financiamiento narco en la política, al tiempo que debilitó el financiamiento político legítimo. El desvío estratégico de la CICIG socavó la lucha contra las OCT. Como resultado, la estructura de poder narco creció, lo que deterioró aún más los procesos democráticos en Guatemala. ¡Excelente trabajo, Departamento de Estado!
Ahora es el momento para que tanto Estados Unidos como Guatemala adopten las recomendaciones tempranas del sector privado local sobre cómo trabajar juntos para combatir a los cárteles y avanzar en la seguridad regional colectiva.
