Cuba cierra agosto de 2026 con 1.339 prisioneros políticos, un nuevo récord en décadas. Prisoners Defenders documentó 19 incorporaciones y 7 bajas por cumplimiento íntegro de condena: un aumento neto de 12 personas. En los últimos doce meses se incorporaron 281 nuevos prisioneros políticos, la cifra más alta en tres años.
El informe muestra cómo reclamar agua y electricidad, grabar a agentes estatales o denunciar abusos puede conducir a prisión y extender el castigo a familias enteras. La lista incluye 155 mujeres y 38 personas detenidas cuando eran menores de edad, de las cuales 14 permanecen encarceladas. Entre quienes siguen entre rejas, hemos documentado 463 personas con patologías médicas graves y 54 presos de conciencia con trastornos graves de salud mental, sin atención adecuada.
Les trasladamos los principales hallazgos del informe de agosto, que incorpora también actualizaciones de septiembre expresamente identificadas. Detrás de cada cifra hay personas y familias sometidas a encarcelamientos, amenazas, violencia y abandono médico.
La represión política castiga a familias enteras
Caridad Silvente Laffita y su hija Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes como Anna Bensi, serán llevadas a juicio después de grabar y difundir un vídeo de agentes de la Seguridad del Estado que entregaban una citación en su domicilio el 10 de marzo. Ambas fueron inicialmente sometidas a reclusión domiciliaria. La causa, archivada en abril y reabierta en julio, podría acarrear hasta cinco años de prisión, según el apartado del artículo 393 del Código Penal que se invoque. Los agentes amenazaron a Caridad para que impidiera las denuncias públicas de su hija.
Ivisleivi Castellano Puig y su hijo Antuan de Jesús Caballero Castellano, de 23 años, fueron detenidos el 27 de agosto sin orden de arresto ni tutela judicial. Ella fue arrestada junto a ciudadanos presuntamente reunidos para una protesta pacífica y excarcelada el 2 de septiembre, tras pagar 3.000 pesos de multa y 7.000 de fianza. Su hijo, detenido cuando presuntamente realizaba un grafiti contra el régimen, permanece en Picota: la fianza de 50.000 pesos resulta inasumible para su familia. No ejerció violencia contra personas ni agentes.
Dairon Duque de Estrada Aguilera volvió a ser encarcelado después de cumplir íntegramente una condena de cuatro años y seis meses y salir de prisión el 27 de marzo. Su padre comunicó el reingreso a Prisoners Defenders; sigue en Boniato sin fundamento jurídico públicamente conocido. El padre, Julio César Duque de Estrada Ferrer, también preso político, fue excarcelado bajo libertad condicional el 26 de agosto, sujeto a amenazas y restricciones. Mientras uno sale bajo control estatal, el otro vuelve a prisión.
El informe completo desarrolla estas cronologías y explica cómo los vínculos familiares se convierten en instrumentos de intimidación, presión económica y castigo.
Madres encarceladas por denunciar la falta de agua y electricidad
Doraykis Delgado González, madre de dos niños de siete y ocho años, fue detenida el 7 de julio tras transmitir una protesta en Alamar, La Habana, por más de un mes de apagones. Permanece en prisión provisional en El Guatao, por orden fiscal sin intervención judicial, acusada de «Difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires». Las autoridades rechazaron modificar la medida cautelar pese a que padece hemofilia y necesita atención especializada. Sus hijos dependen del cuidado de vecinos mientras trabaja su padre.
Sady Reynaldo Companioni, madre de una niña de seis años, fue detenida en su vivienda de Lawton el 28 de agosto, después de denunciar más de dos semanas sin agua. La familia llegó a recoger agua de lluvia; una sobrina de ocho años estaba hospitalizada con dengue y deshidratación severa. Según Sady, una funcionaria ordenó que una pipa estatal no abasteciera su casa, aunque sí las de los vecinos, y la amenazó con prisión por difundir lo sucedido.
Cuatro agentes se llevaron a Sady delante de sus padres y de su hija. Fue trasladada al Centro de Torturas El Vivac, donde la familia denunció obstáculos iniciales para visitarla y entregarle alimentos y medicamentos. Fue excarcelada el 2 de septiembre, pero una fuente cercana informó de que debía firmar diariamente en una unidad policial; la resolución con las condiciones no se ha hecho pública.
La denuncia de la falta de servicios esenciales se convierte así en motivo de persecución, y la separación de madres e hijos multiplica sus consecuencias. Los testimonios y las circunstancias de ambos casos pueden leerse con mayor detalle en la nota íntegra.
Internamiento psiquiátrico forzoso y amenazas contra el pastor que lo denunció
Santiago Eliezer Fernández Pérez, «El Chiqui», expreso político, fue detenido en Cabaiguán tras colocar un cartel con la palabra «Trump» el 12 de agosto. Al día siguiente fue trasladado contra su voluntad a un hospital psiquiátrico, sin diagnóstico ni justificación médica públicamente conocidos. Tampoco se conocen los cargos o las garantías aplicadas.
El pastor Alian López Rodríguez lo visitó el 20 de agosto y denunció que Santiago desconocía la razón de su internamiento, presentaba desnutrición y retención urinaria y no recibía atención para esos padecimientos. A juicio del pastor, conservaba plenamente sus facultades mentales. Después de divulgar el caso, el religioso y su congregación sufrieron vigilancia e intimidación; denunció que un agente amenazaba con «fabricar una causa» para encarcelarlo. La represión alcanza también a quien documenta el abuso y al ejercicio de la libertad religiosa.
La Policía lo golpea y manipula su declaración, denuncia la familia
Walter Junior Blanco Prieto fue detenido el 4 de agosto durante una protesta pacífica por los apagones en La Habana Vieja. Los agentes lo esposaron violentamente, le propinaron golpes y, durante el traslado, uno presionó su cuello con la rodilla. Según su madre, pasó dos días sin alimentos ni agua potable.
Su familia denuncia que firmó una declaración bajo coacción y engaño, después de que le aseguraran que solo recibiría una multa. Posteriormente supo que el documento habría sido modificado para presentarlo como promotor de los disturbios. Permanece en prisión provisional en Valle Grande, sin acusación formal públicamente conocida. El informe detalla la secuencia denunciada y las vulneraciones de sus garantías.
Ocho detenidos por un toque de cazuelas y solo uno identificado
Al menos ocho personas fueron detenidas el 3 de agosto por un toque de cazuelas pacífico en Calabazar, La Habana. Solo hemos podido identificar plenamente y documentar a Pedro Lázaro Gutiérrez Collado, incomunicado y en prisión provisional en El Vivac. Su familia no ha podido visitarlo ni conocer su estado de salud o su situación jurídica con claridad. Los otros siete casos siguen bajo investigación y no están incorporados a la lista, por falta de información suficiente.
Andy García Lorenzo: la condena terminó, la persecución no
Andy Dunier García Lorenzo, expreso de conciencia del 11J, fue detenido nuevamente el 30 de agosto en Santa Clara. Según su madre, pasaba cerca de una protesta por los apagones y sacó el teléfono para documentarla; no participaba en ella. Las autoridades anunciaron que pretendían acusarlo de «Desórdenes públicos».
Permaneció detenido más de 20 horas y fue excarcelado el 31 de agosto, mientras familiares y activistas reclamaban su libertad. Guillermo «Coco» Fariñas también fue detenido al acudir en apoyo de la familia y posteriormente liberado. Andy había cumplido íntegramente cuatro años de prisión y salido en julio de 2025. Desde entonces soporta vigilancia, citaciones y amenazas; dos meses antes le habían amenazado con cadena perpetua o pena de muerte. Cumplir la condena no pone fin a la persecución.
La prisión como castigo: golpizas, trabajo forzoso y abandono médico
Las enfermedades graves documentadas están relacionadas con la falta de alimentación, los malos tratos y el ambiente represivo, y se agravan por la negación de asistencia. Los siguientes casos muestran el riesgo para la vida y la integridad de los presos. El informe completo amplía los antecedentes médicos, las denuncias familiares y los pronunciamientos internacionales.
Ángel Serrano: golpeado por rechazar trabajo forzoso estando enfermo
Ángel Serrano Hernández, condenado a 15 años por manifestarse el 11J, fue esposado y golpeado el 26 de agosto en La Lima después de negarse a realizar trabajos incompatibles con su enfermedad de próstata, según denunció su hermano. La familia señala al jefe de la prisión, Teniente Coronel Parada. Pese a las lesiones, se le negó un examen médico. Las autoridades pretenden responsabilizarlo de la agresión y utilizan en su contra que gritara «Patria y Vida». Habría sido trasladado a la prisión de máxima seguridad 1580. La ONU ya declaró arbitraria su detención y exigió su liberación en la Opinión 13/2024.
Christian de Jesús Crespo: golpean a un menor y ocultan su estado de salud
Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, fue agredido en Canaleta después de rechazar la comida en protesta por su mala calidad. Su familia desconoce desde entonces su estado de salud. Detenido durante las protestas de marzo de 2026, permanece en prisión provisional. Contrajo hepatitis en prisión y no fue trasladado a un hospital; sufrió torturas y presiones para firmar declaraciones falsas. Como castigo por un supuesto intento de fuga, fue recluido junto a adultos peligrosos. Su familia denuncia que pretenden imputarle «Sabotaje» y «Evasión», sin acceso a la petición fiscal.
José Antonio Pompa: golpiza y traslado tras una protesta por falta de agua
José Antonio Pompa López, condenado a ocho años, fue golpeado y aislado después de una protesta por falta de agua en Agüica. Las autoridades lo señalaron como organizador, aunque otros presos lo negaron, y lo trasladaron a «La Polaca», una sección de mayor severidad con condenados a perpetua. Su esposa, Suarmy Hernández, advierte del peligro para su vida. La familia viene denunciando desnutrición, hostigamiento, falta de atención médica y restricciones de visitas y llamadas. El traslado agrava un encarcelamiento ya marcado por el aislamiento y el deterioro de salud.
Roberto Pérez Fonseca: atacado ante los guardias y sin atención adecuada
Actualización del 8 de septiembre: el hermano de Roberto Pérez Fonseca denunció que un preso común lo atacó ante funcionarios en Quivicán y llegó a sacar un cuchillo. La familia sospecha una provocación y desconoce si resultó herido o fue trasladado a una celda de castigo. Durante agosto ya presentaba fiebre alta y dificultades respiratorias compatibles con una posible neumonía, sin diagnóstico hospitalario confirmado. Cumple diez años por el 11J. La ONU declaró arbitraria su detención en la Opinión 51/2023 y exigió su liberación inmediata. Su familia reclama información, protección y atención hospitalaria urgente.
Siete años de prisión para un enfermo de cáncer
Actualización del 1 de septiembre: un tribunal de Las Tunas condenó a Carlos Alberto McDonald Ennis, de 55 años, a siete años por «Propaganda contra el orden constitucional». La sentencia no es firme y permanece fuera de prisión bajo fianza, pero amenaza con devolverlo a la cárcel mientras padece un cáncer maligno maxilofacial.
Necesita 35 sesiones de radioterapia y solo ha completado cuatro. El cáncer apareció y avanzó durante más de dos años de prisión provisional, entre negativas de atención médica. También padece diabetes e hipertensión. El tribunal fundamenta la condena en una supuesta vinculación con Cuba Primero que tanto Carlos como la organización niegan y que Prisoners Defenders rechaza. No acredita un acto violento, una publicación concreta atribuible a Carlos ni una conducta individual capaz de justificar la pena. La resolución y los antecedentes sanitarios se analizan en el informe completo: su regreso a prisión pondría en grave peligro la continuidad del tratamiento y su vida.
Las cifras y la clasificación de Prisoners Defenders
Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 estuvieron presentes en la lista 1.453 prisioneros políticos, con 281 incorporaciones. Esta cifra acumulada se distingue de los 1.339 casos al cierre de agosto. Según nuestras investigaciones, todos esos 1.453 prisioneros sufrieron torturas. Nuestro Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba documentó estos patrones mediante el análisis en profundidad de 181 casos seleccionados aleatoriamente. Desde julio de 2021 hasta agosto de 2026 se han contabilizado 2.167 presos políticos, de los cuales 2.020 ingresaron en prisión desde entonces.
De la lista actual, 217 manifestantes fueron condenados por sedición, con una pena media de diez años. Dieciséis de los detenidos siendo menores por el 11J recibieron condenas por sedición de cinco años de media. La mayoría de estos últimos está actualmente en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
La clasificación comprende 807 Convictos de Conciencia, 495 Condenados de Conciencia y 37 Otros Presos Políticos. Las dos primeras categorías distinguen privación y limitación de libertad derivadas de vulneraciones de derechos fundamentales y garantías procesales. La tercera agrupa casos con actos penalmente reprochables, pero con procesos y penas desproporcionados y graves vulneraciones por motivos políticos o ideológicos. El informe íntegro ofrece la metodología y el desglose completo.
