El rechazo de la reforma tributaria es una buena noticia para Chile, menciona en una puntual reporte la Fundación Jaime Guzmán. Señala que “múltiples expertos que asistieron a la discusión recalcaron los efectos negativos que una reforma de esta naturaleza tendría en el crecimiento y la economía, afectando a los sectores más golpeados por los últimos años de incertidumbre: la clase media y las PYMES”.
Añade el prestigioso centro de estudios que “no obstante, frente al rechazo de uno de sus proyectos emblemáticos, el Gobierno se ha mostrado incapaz de autocrítica, culpando de su fracaso incluso a la aparición pública del ex Presidente Sebastián Piñera”.
La reforma fue rechazada por 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, “quedando demostrada por un lado la unidad de la oposición frente a la reforma, y descuadres y ausencias al interior del oficialismo. La oposición fue categórica en su rechazo a la reforma desde el inicio de su tramitación en la Comisión de Hacienda, de manera que no debe sorprender al Gobierno su votación en la Sala. Aquí las responsabilidades son claras: un Ejecutivo que intentó imponer una mala reforma, y que fue incapaz de alinear a su propio sector detrás de ella” resume con acierto la Fundación Jaime Guzmán.
En su edición de “Mirada Política” los expertos de la Fundación analizan los puntos más críticos del proyecto recientemente rechazado, así como las declaraciones del Ministro de Hacienda —posteriormente replicadas por el Presidente de la República— ante esta derrota. Pasemos al contenido:
Introducción
Además del cuestionable momento en el que el Gobierno de Boric decidió presentar una Reforma Tributaria, modificando drástica y radicalmente el sistema tributario chileno, existe una serie de argumentos por los cuales que dan cuenta de los negativos efectos que podía producir en distintas áreas, ya que el país no se encuentra en condiciones de “darse el lujo” de cambiar las reglas del juego para los contribuyentes en medio de un momento de incertidumbre económica.
1. Atentado contra la clase media
El Proyecto contemplaba distintas modificaciones que constituían un ataque directo a la clase media, aunque el Gobierno quiso instalar la idea que esta Reforma solo afecta al 3% más rico de la población.
Una mala reforma para el país
Entre dichas medidas se encuentra la eliminación de la exención del DFL2, es decir, que las rentas obtenidas a partir de los arriendos de viviendas económicas (DFL2) dejarán de considerarse como ingresos no renta y pasarán a sujetarse al régimen general, es decir, deberán tributar. Muchos chilenos, han invertido los ahorros obtenidos durante su vida en la compra de este tipo de viviendas, y con la eliminación del beneficio actualmente vigente, se afectará a ese grupo de pequeños inversionistas que buscan en ese tipo de bien raíz un ingreso adicional a través de su arrendamiento.
Lamentablemente, el Gobierno no ha cuantificado el aumento en el precio de los arriendos que esta medida generará, porque los dueños de esas propiedades, ante la modificación en la forma de tributar, reaccionarán como cualquier mercado ante un cambio, y es lógico que intentarán traspasar al valor del arriendo la perdida en la rentabilidad que les implique pagar más impuestos. Además, esta medida generaba el riesgo de agudizar el ya preocupante déficit de viviendas, contribuyendo también al aumento en el precio de los arriendos.
Por otro lado, la Reforma planteaba una serie de modificaciones al sistema actual que indudablemente tendrían impacto en el mercado de capitales chileno, y a pesar de que se solicitaron al Gobierno informes y proyecciones de dicho impacto en muchas ocasiones, no se presentaron durante la discusión. Y debemos entender el mercado de capital en su conjunto, y no olvidar que la clase media -en la medida de lo posible- si invierte en fondos de inversión.
El mercado de capitales constituye un motor de crecimiento, una fuente de empleo formal y de calidad para las familias chilenas, junto con ser una fuente de acceso al crédito y al financiamiento para las pymes y las personas.
Hoy es necesario empoderar a la clase media con la herramienta tan democratizadora como lo es la inversión, y este proyecto apunta en la dirección contraria, eliminando todo tipo de incentivos existentes
para fomentarlo. Por último, toda alza de impuestos a las empresas, independiente su tamaño, invariablemente se traspasará a un aumento en los precios para los consumidores, y con mayor razón para aquellos que tienen menor capacidad de ahorro. Ante el aumento en los impuestos a las empresas, se podría producir el escenario en el cual ellas contraten a menos personas, con lo que esa alza la terminará pagando el trabajador, porque será más difícil obtener y mantener un buen trabajo.
2. Atentado contra la imparcialidad y el debido proceso
Las modificaciones planteadas en torno a la norma general anti elusión constituían un completo retroceso en materia de imparcialidad que todo contribuyente necesita, desde el más pequeño que no puede pagar por un abogado, hasta las empresas más grandes que sí lo pueden hacer. Aprobando esta modificación que establecía la calificación administrativa de la elusión, se retrocede hasta antes del 2010, año en el cual, después de luchar por mucho tiempo, se logró la creación de los Tribunales independientes: los Tribunales Tributarios Aduaneros. Sin embargo, el proyecto no hacía más que restarle facultades a dichos tribunales, y traspasar la calificación de la elusión a manos de un Comité Anti Elusión, generando que el SII pase a ser juez y parte en el proceso.
Compartimos la necesidad de combatir con fuerza la elusión y la evasión, pero esto debe realizarse a través de las herramientas adecuadas, y sin afectar un principio tan importante como el del debido proceso, ya que la facultad de juzgar corresponde que sea adoptada por un tribunal independiente e imparcial. Además, durante la tramitación del Proyecto se insistió de parte de la oposición en la falta de medidas concretas para combatir la evasión, no obstante no hubo modificaciones en ese sentido de parte del Ejecutivo.
3. Atentado contra la simplicidad y un castigo a la empresa que crece
También se puso de manifiesto la contradicción entre el mensaje de simplicidad que se quiso transmitir y que se pretenda desintegrar el sistema para las empresas no pymes ¿Por qué el legislador mantiene la total integración para las pymes si cree que es un mal sistema? Hay en el diseño claramente una contradicción vital y a ratos voluntarista del Ejecutivo, que no demuestra coherencia entre el discurso y la propuesta.
Complejizar el sistema es incomprensible, y es realmente sorprendente cómo esta reforma agudizaba un problema que ninguna reforma ha podido solucionar y es la necesidad de considerar a una empresa como una entidad que debe ser acompañada en el tiempo. No resulta adecuado, ni justo que una pyme por facturar media UF más del límite que le ha puesto el legislador termine expuesto a una tasa
distinta, a un sistema totalmente diverso, a una contabilidad diferente y a un impuesto a la utilidad retenida.
La simplicidad de un sistema tributario se traduce en su fácil comprensión y aplicación, y que el contribuyente no tenga que evaluar entre una multiplicidad de opciones o contratar especialistas para
cumplir con sus obligaciones, lo que puede llevarlo a omisiones u errores involuntarios, junto a una sanción desmedida derivada absolutamente de la complejidad de entender cómo se debe cumplir la ley.
4. Atentado contra el empleo, la inversión y el inversionista
Una de las principales críticas que se formuló a la Reforma Tributaria es su exclusivo enfoque en la recaudación, olvidando por completo la promoción de medidas que generen incentivos al empleo, el ahorro y la inversión en el país. Existe una falta de visión integral al sistema tributario, y pareciera ser que
el Gobierno desconoce que las personas, ante modificaciones tan drásticas y estructurales como las que planteaba este proyecto, no cambiará sus decisiones de inversión, o aunque sea las pondrá en dudas.
Chile lleva innumerables modificaciones a su sistema tributario en los últimos 12 años, lo que se traduce en una constante incerteza jurídica para los inversionistas chilenos y extranjeros, quienes cuestionarán
más sus decisiones ante una legislación tan variable.
El proyecto planteaba una serie de medidas que producirán un impacto negativo en la inversión y en la atracción de capitales, entre las que destacamos:
• Limitación a las pérdidas: la mayoría de las empresas cuando están recién iniciando un proyecto incurren en pérdidas, pero que con los años las van recuperando. Con esta medida, esa recuperación no podrá ser por completo, por lo tanto, tendrá un nocivo efecto en el flujo de caja en proyectos de inversión.
• Impuesto al diferimiento de impuestos finales: es un impuesto al patrimonio de las empresas. La mayoría de las utilidades retenidas no son líquidas, sino que se encuentran invertidas en activos productivos, y tienden a financiar la empresa, y por lo tanto, representan ahorro, que a su vez permitirá financiar otros proyectos, siendo una vía legítima de financiamiento de la empresa.
• Impuesto al patrimonio: es un impuesto que está en desuso por su nula recaudación y poco efecto redistributivo. Se ha constatado en los países en los que se ha implementado se han impulsado fuertes salidas de capitales hacia el exterior, por ende, perjudica la inversión y la creación de empleos para la población.
Tras el rotundo rechazo de este proyecto emblemático para el Gobierno, no dejan de llamar la atención las declaraciones del Ministro Marcel, quien lideró su tramitación, y que hoy, con una ausencia total de auto crítica intenta crear falsos antagonistas, desconociendo una vez más la responsabilidad que le cabe a él y al resto del Gabinete.
A continuación, desmitificamos algunos de sus dichos:
• “Es una mala noticia para pensionados que no tendrán PGU”
Desde el ingreso de la Reforma Previsional se le insistió al Gobierno que separara el aumento de la PGU de la Reforma Tributaria, ya que se conocían los efectos nocivos que generaría, y se estaba utilizando
a modo de chantaje para forzar la aprobación de esta nociva reforma. Habiéndose rechazado la reforma tributaria, el gobierno debe aclarar cómo cumplirá hoy con sus propios compromisos, sin escudarse en
una reforma cuyas metas de recaudación se lograrían (siendo optimistas) no antes de los próximos tres años.
• “Es una mala noticia para las listas de espera en el sistema público de salud”
La resolución de listas de espera es una materia urgente, que requiere una respuesta en el más breve plazo posible, en especial considerando la crisis que atraviesa el sistema privado de salud y la eventual
migración de más afiliados a FONASA si ésta no se resuelve. El Ministro Marcel quiere hacer creer que era necesaria una mala reforma tributaria para financiar esta solución. Sin embargo, en enero de 2023, el Ministerio de Salud anunció la inyección de $35 mil millones para cumplir con la alta demanda en salud, impulsando un aumento de la capacidad y tiempos de trabajo de los pabellones hospitalarios, así como la habilitación de la agenda médica fuera del horario habitual, o sea, después de las 17 horas e incluso los fines de semana.
El Ministro quiere hacer creer que una reforma que, en el más rápido de los escenarios, alcanzaría su meta de recaudación el 2028, solucionaría el problema de las listas de espera que requiere de medidas
hoy y no en 5 años más.
• “Hoy ganaron los evasores”
Esta declaración del Ministro se relaciona directamente con la norma anti elusión que se analizó en el apartado anterior. Es evidente que cualquier sistema tributario sólido requiere normas efectivas de fiscalización, especialmente frente a delitos como lo es la evasión tributaria.
Más allá de las destempladas declaraciones del Ministro – que constituyen una acusación grave e injustificada contra quienes se oponen a esta mala reforma – es necesario reiterar lo desproporcionada que era la norma propuesta, que atentaba contra principios elementales del debido proceso, consolidando a un Servicio de Impuestos Internos plenipotenciario, que obra como juez y parte, en desmedro del contribuyente.
• “Ya empezó a celebrar la derecha”
Esta declaración del Ministro Marcel da cuenta de la ideologización que marcó toda la tramitación de la reforma tributaria. La reforma no respondió a argumentos ni fundamentos técnicos, sino que al intento
de hacer pasar por un “pacto fiscal” un acuerdo al interior del propio oficialismo.
Hoy no “celebra la derecha”, celebran:
• Las PYMES quienes hoy ya ahogadas por las políticas irresponsables impulsadas por el oficialismo, pueden tener un respiro al saber que su crecimiento no significará un castigo y drástico cambio en las reglas del juego.
• Los arrendadores y arrendatarios de DFL 2, porque los primeros seguirán gozando del beneficio que le otorga esta norma y los segundos no verán traspasados al precio de sus arriendos, los costos que habría tenido su eliminación.
• La clase media, porque se rechazó una reforma estructural y radicalizada que ponía en peligro la creación y mantención de los empleos y la estabilidad de la economía.
Por último, con este resultado, definitivamente, quien gana es Chile.
Una vez más se le cerró la puerta a las reformas refundacionales, primó la razón por sobre la ideología y surge la oportunidad de lograr un verdadero pacto fiscal: responsable, simple y con fundamento técnico; todo lo que esta reforma no fue.
Lo mínimo que se le puede exigir a un sistema tributario es que sea simple, ofrezca certeza jurídica e impulse la competitividad al interior del país, pero lamentablemente, y a pesar de las continuas críticas de
parte de reconocidos expertos, el Gobierno insistió en una reforma tributaria radical, que atenta contra todos estos principios y mucho más.
El análisis expuesto da cuenta de un proyecto que solamente enuncia la simplicidad como un principio, pero se contradice abiertamente al complejizar la legislación y establecer múltiples sistemas, obligando al contribuyente a evaluar entre distintas opciones, lo que siempre termina perjudicando al de menor tamaño que tiene más dificultades para acceder a un abogado.
Se trataba de una reforma que lo único que hacía era ahuyentar a la inversión del país, así como afectar gravemente a la clase media y las PYMES, poniéndoles la soga al cuello con un alza desmedida de impuestos, y situando al país en un panorama de pérdida de competitividad, capacidad de generar empleo y varios años de retroceso en el largo camino de esfuerzo que ha transitado para consolidarse como uno de los países con mayor estabilidad en Latinoamérica.
La Reforma Tributaria rechazada era radical, estructural e ideológica, y su tramitación demostró que estaba lejos de ser un pacto fiscal como su nombre lo señala. En el largo plazo, la mayor recaudación viene del crecimiento económico, y su principal causa es la inversión y el ahorro. Si queremos avanzar en el financiamiento de derechos sociales mediante mayor recaudación del Estado, la reforma tributaria debe ser pro inversión, pro ahorro y por sobre todo: pro empleo.
Sin embargo, el Gobierno no cedió en su postura, y la votación fue realizada el 26 de enero, forzando a los diputados de oposición a votar en contra del texto del proyecto, pero dejando claro su disposición en participar en una reforma de pensiones que realmente represente lo que los chilenos esperan.
