El ingeniero Raúl Benavides, expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y director de Compañía de Minas Buenaventura, es una voz referente sobre minería y nos señala que hay urgencias que atender antes de lograr la formalización minera, un tema que se llena de controversias y retrocesos, indecisiones y continuidad en su estancamiento porque no concilian posiciones y objetivos de acuerdo a las prioridades existentes.
En una columna publicada en el Diario El Comercio el año pasado, indicó que la formalización podría demorarse siempre y cuando fuese un proceso que muestre avances concretos y medibles, y plazos perentorios para adecuarse a la legislación. Sin embargo -señaló Benavides- hay dos cosas que se tienen que corregir lo antes posible y son el punto de acción: la protección a las personas y la protección del ambiente.
“Con respecto a la protección a las personas, en este momento quienes trabajan en esta minería lo hacen en condiciones infrahumanas, sin las medidas de seguridad mínimas, expuestos a todo tipo de peligros y sin protección de ningún tipo en caso de accidentarse o contraer enfermedades por las condiciones en que laboran. Por ello, ha surgido la idea de exigir que la minería no formal, cuando menos cumpla con otorgar un seguro por trabajo de alto riesgo”, indicó.
En ese sentido, recordó que dentro de nuestra legislación, para lugares de trabajo que están expuestos a un alto riesgo, incluyendo no solo minas, si no también pesca y construcción, entre otros, existe el Decreto Supremo N 003-98-SA, que obliga a las empresas a tomar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para este tipo de actividades.
“No hay razón que impida que mineros artesanales, y aquellos en proceso de formalización contraten este seguro. El SCTR proporciona cobertura médica, rehabilitación -para enfermedades o accidentes de trabajo- y, en algunos casos, pensión o indemnización por invalidez y fallecimiento. Incluye también la obligación de tomar exámenes médicos anuales a los trabajadores”, enfatizó.
Protección del ambiente
“El otro tema urgente y que no se debe demorar es la protección del ambiente. Los mineros no formales generan pasivos ambientales, como canchas de desmonte que, con el tiempo, generan aguas ácidas, que carguen luego metales pesados a nuestros ríos con consecuencias terribles a la flora, fauna y las personas. Peor aún, cuando al excavar un túnel se encuentran con agua, el agua termina discurriendo a las quebradas, con sólidos en suspensión y como normalmente son ácidas cargan también metales pesados. Hay formas sencillas y de bajo costo para mitigar estos impactos ambientales, pero los mineros no formales, no tienen ningún estímulo para hacerlo”, indica Benavides en su columna.
En esa línea, el ejecutivo afirma que se requiere que quien ejerce actividad minera debe contar con algún instrumento de gestión ambiental, para evitar estos impactos sin remediar. En la minería formal se crearon las Declaraciones Juradas para exploraciones sin mayor impacto.
“Surge la idea que podría pedirse a mineros artesanales, en proceso de formalización e ilegales, que consoliden y actualicen la información ambiental para ser presentada en una Declaración Jurada (DJ) describiendo los trabajos realizados y a realizar, identificando los impactos ambientales, proponiendo un plan de manejo ambiental que incluya medidas de mitigación. El Minem y Minam podrían establecer parámetros mínimos de cumplimiento obligatorio, con un criterio de gradualidad para estas operaciones”, sostiene el expresidente del IIMP.
Benavides arguye, además, que los trabajos de cierre y remediación podrían cubrirse destinando un porcentaje de las ventas brutas a un fideicomiso que garantizaría el cierre sin dejar pasivos ambientales que luego tenga que financiar el estado con el dinero de todos.
Nota de Redacción: en base a una nota de prensa del IIMP
