No solo el sector pesquero, sino también el rubro de transportes y el agrícola se ven afectados por el mal uso de la ley de extinción de dominio que vienen ejerciendo fiscales, con el respaldo de ONGs, para criminalizar a la empresa privada.
José Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes, consideró necesario revisar la norma de extinción de dominio, creada inicialmente para luchar contra el crimen organizada, ya que viene siendo usada como instrumento para atacar a la empresa privada, mediante incautaciones de embarcaciones, vehículos y tierras agrícolas.
“Este mecanismo es criminal, porque a través de una ley le están robando y atentando contra la propiedad privada, aplicándose a supuestos delitos que no son parte de una organización criminal”, manifestó.
Señaló que, en el caso de la pesca industrial, la fiscalía ha venido promoviendo la incautación de embarcaciones por haberse excedido el límite máximo de ejemplares juveniles. “En la pesca formal, la captura de juveniles está regulada porque no hay forma de que determinar al 100% que estás pescando solo adultos. Las empresas, por su parte, se cuidan de no hacerlo. Pero cuando esto sucede de forma involuntaria, la fiscalía lo configura como un delito extremo”, explicó Beteta.
Comentó que el mal uso de la extinción de dominio está ocurriendo también en la agricultura, y que varias ONGs estarían detrás de este mecanismo para atacar a la empresa privada sin ningún escrúpulo.
Plantean mesas de capacitación
Al respecto, Jaime Pérez, abogado del estudio AGP & F y exdirector de Sanciones del Ministerio de la Producción, consideró necesario que se establezcan mesas de trabajo y de capacitación para jueces y fiscales, dado que existe poco entendimiento sobre el sector pesquero a lo que se suma la alta carga judicial a cargo de los magistrados.
“Lamentablemente cuando acudimos al Poder Judicial, el 95% o 97% de los procesos contenciosos del sector pesquero son desestimados mediante pronunciamientos que son un ‘copy paste’ de los expedientes de la entidad administrativa”, mencionó el experto.
Para tener en cuenta:
La extinción de dominio en Perú es una figura jurídica que permite trasladar a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas. Esto se logra mediante sentencia emitida por autoridad jurisdiccional, respetando el debido proceso, sin indemnización ni contraprestación a favor del requerido o terceros. Esta medida se implementa como parte de la lucha contra la criminalidad organizada y en cumplimiento de compromisos internacionales.
La Agencia Orbita agenciaorbita.org reseña lo siguiente:
El Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP) ha denunciado la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio en el sector pesquero, advirtiendo que las incautaciones realizadas bajo esta normativa están generando un clima de inseguridad jurídica afectando directamente los derechos y la estabilidad de miles de trabajadores del mar. Esta ley, cuyo objetivo inicial es incautar bienes adquiridos de manera ilícita, se ha convertido en una amenaza para las empresas pesqueras formales, las cuales operan bajo regulación estricta y cumplen con las normativas vigentes y además, genera incertidumbre entre trabajadores y proveedores que dependen de la pesca industrial.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la industria pesquera genera en el país más de 250,000 empleos directos e indirectos, consolidándose como un pilar de la economía en las ciudades costeras de Perú. Además, por cada empleo en el sector pesquero, se crean tres empleos adicionales en áreas relacionadas, lo que implica un total de más de 700,000 puestos de trabajo y un impacto positivo en millones de familias peruanas. La aplicación indiscriminada de la extinción de dominio pone en riesgo el empleo de 18 mil tripulantes, además de amenazar este soporte esencial para la economía local y nacional.
“Hoy estamos viviendo una situación de terror. He visto cómo incautan embarcaciones y tratan a nuestros compañeros como delincuentes; incluso podríamos ir a la cárcel. Solo queremos trabajar y sostener a nuestras familias. Yo soy un pescador honrado y legal; la justicia debe llegar para quienes cometen delitos, no para nosotros, los pescadores”, comenta Miguel Levano, pescador industrial afectado.
Otro pescador, Gleny Walhoff, expresa su indignación: “Rechazamos las abusivas medidas que vienen ejecutando las autoridades, las cuales nos condenan y nos dejan sin nuestro lugar de trabajo. Somos hombres de mar, y es injusto que nos criminalicen por cumplir con nuestro deber. Las instituciones deberían velar por nuestra seguridad, no dejar sin trabajo a quienes seguimos la normativa. Invocamos a los congresistas a que revisen la forma en que se está ejecutando esta ley, que persigue a quienes no somos criminales.”
La incertidumbre jurídica generada por estas medidas no solo afecta la estabilidad laboral de miles de pescadores y trabajadores dependientes de la industria, sino que también envía un mensaje preocupante a potenciales inversores nacionales y extranjeros. La aplicación de la extinción de dominio a empresas reguladas y legales distorsiona el propósito de la ley, que fue concebida como una herramienta para combatir la criminalidad organizada, y no para penalizar a trabajadores y empresas formales que son parte de la economía nacional. “Luchamos por nuestros derechos y por el futuro de nuestras familias. La pesca industrial no es un crimen, es una actividad que alimenta a la población y contribuye a la economía nacional. No dejaremos que nos quiten nuestra voz ni nuestro derecho al trabajo”, concluyen desde el Sindicato.
Es urgente que se revisen y adapten las normas para que no se utilicen de manera arbitraria contra el sector pesquero o cualquier actividad ligada a esta norma.
