La invasión inmigrante de Biden-Harris en parte está motivada por la búsqueda de nuevos votantes para los demócratas. Sin embargo, otra motivación complementaria es que el consecuente incremento de violencia desmoralice a la población, preparándola así, para aceptar mayor poder gubernamental.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó el 25 de septiembre al Representante de Texas, Tony Gonzalez, sobre la presencia de 662.566 no ciudadanos con antecedentes penales liberados en el país. A la espera de procedimientos de inmigración se encuentran 435.719 criminales condenados y 226.847 con cargos penales pendientes. Entre los condenados, se incluyen 62.231 por asalto, 15.811 por agresión sexual y 2.521 por secuestro. Otros 42.915 tienen cargos pendientes por asalto.
Estas liberaciones se alinean con gobernadores, alcaldes y fiscales demócratas que no hacen cumplir la ley contra criminales violentos. Kamala Harris fue una de esos fiscales.
Como fiscal de distrito de San Francisco, Harris se negó a solicitar la pena de muerte para un miembro de una pandilla que había asesinado a un oficial de policía. Como fiscal general de California, Harris apoyó la Proposición 47, que liberó de prisión a miles de delincuentes. Todas las entidades de aplicación de la ley de California y 55 de los 58 fiscales de condado se opusieron a esta medida.
Después de tres meses de disturbios antes de las elecciones de 2020, Harris dijo que las “protestas” no iban a parar, ni deberían. Harris pidió a las personas que contribuyeran al Minnesota Freedom Fund “para ayudar a pagar la fianza de quienes protestaban”. Entre ellos había asesinos, violadores y otros criminales violentos.
Harris también ha apoyado la guerra judicial y la violencia política en Guatemala, donde Biden dijo que Harris estaba “liderando el esfuerzo… ella habla por mí.” El 19 de mayo de 2021, Harris se reunió en la Casa Blanca con fiscales y jueces guatemaltecos fugitivos que habían ejecutado la agenda criminal del Departamento de Estado (DOS) y los llamó “líderes de la justicia”.
El régimen Biden-Harris y el DOS dirigieron un fraude electoral en 2023 para instalar a Bernardo Arévalo como presidente en Guatemala. La Fiscal General, Consuelo Porras, investigó la elección, provocando la feroz oposición del régimen y del DOS, lo que desencadenó en manifestaciones violentas que exigían la destitución de Porras.
En octubre de 2023, oenegés receptoras de dinero de los contribuyentes estadounidenses bloquearon carreteras y numerosas oficinas del Ministerio Público durante tres semanas, desafiando órdenes judiciales para desistir. A pesar de esto, la oficina de Porras entregó a la autoridad electoral, de acuerdo con una orden de la Corte de mayor jerarquía, su informe demostrando el fraude electoral.
En su discurso del 24 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Arévalo dijo que los bloqueos —los llamó manifestaciones pacíficas— estaban protegiendo la democracia y su presidencia. El régimen Biden-Harris y el DOS, en ese momento, también los llamaron protestas pacíficas.
El 25 de marzo en la Casa Blanca, Harris le dijo a Arévalo: “Su elección ha traído un sentido de optimismo al pueblo de América y del mundo… Los Estados Unidos estuvieron orgullosos de apoyarlo, Sr. Presidente, tras una elección libre y justa y durante su transición”.
La imposición de Harris de un poder gubernamental centralizado y arbitrario en Guatemala es también su agenda para Estados Unidos. Harris y los suyos quieren eliminar los obstáculos que le impiden avanzar hacia sus objetivos, y para los camaradas esto justifica la violencia.
La maquinaria política que Biden ha personificado lo ha dejado de lado y, de manera antidemocrática, hizo de Harris la candidata demócrata a la Presidencia. Esta acción antiestadounidense surge de la creencia de que el fin justifica los medios y explica la política migratoria de la maquinaria.
Respondiendo a lo que llamó protestas, Harris describió los disturbios de 2020 como un movimiento. Dijo: “No van a parar antes del día de las elecciones en noviembre, y no van a parar después del día de las elecciones.” Tenía razón, porque la maquinaria que ahora ella personifica utiliza la violencia para implementar su agenda.
Para ocultar esta agenda, los medios aliados de los demócratas suprimen la verdad y promueven la propaganda. Ejemplos de esto son la laptop de Hunter Biden y la falsa narrativa de que el 6 de enero fue una insurrección.
La censura es el sello distintivo del totalitarismo. Hay abundantes ejemplos de esto bajo el régimen Biden-Harris, como lo enfatizó JD Vance en el debate con Tim Walz. Vance dijo que debemos tener un debate abierto, no un dogma impuesto sobre nosotros.
En 2021, los demócratas intentaron aprobar una ley de derechos de voto para prohibir los requisitos de identificación de votantes y ampliar la Corte Suprema. Un poder judicial subordinado al Ejecutivo habría confirmado la ley electoral inconstitucional, convirtiéndonos en un Estado de partido único.
Brian Fallon, un exfuncionario del Departamento de Justicia bajo Barack Obama y cofundador de Demand Justice, ha promovido durante los últimos cuatro años la ampliación de la Corte. Fallon es un asesor de confianza de Harris. Esto sugiere que si es elegida y con un Congreso demócrata, Harris nuevamente impulsará la ley de votación y la ampliación de la Corte.
El crimen ha aumentado bajo Biden-Harris, especialmente por inmigrantes ilegales, como lo informó ICE. Una investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes vincula las políticas demócratas con el aumento del crimen. Como un pirómano que promete apagar el fuego que encendió, si la elegimos, Harris usará la lucha contra la violencia como excusa para acumular más poder gubernamental.
El objetivo de la maquinaria que Harris personifica es transformar a Estados Unidos en una dictadura. Las elecciones de 2024 podrían ser nuestra última oportunidad de derrotar a la maquinaria.
