La comisión también denunció que la desaparición forzada; la tortura; los tratos crueles, inhumanos o degradantes y excesos policiales “son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales y están ocurriendo permanentemente, como un secreto a voces que nos clama en la conciencia”.
En el caso del adolescente en el Táchira, destacó que “la desproporción en el uso de la fuerza vuelve a dejar secuelas imborrables en esta familia: un joven bachiller ahora ciego, desfigurado y sin ganas de vivir, una madre traumatizada a quien, además de los derechos básicos para la vida, se les niega el de manifestar”.
La CEV considera que la detención de los funcionarios y de los efectivos que dejaron desfigurado al joven Rufo Chacón “es un primer paso hacia la justicia”. Sin embargo considera que las investigaciones deben llevarse de acuerdo con los estándares y protocolos internacionales relacionados con los casos de tortura y no como una investigación penal.
La Comisión de Justicia y Paz exhorta a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a exigir al Estado venezolano el cese del patrón de violaciones de los derechos humanos en el país.
Los casos denunciados por los obispos
Rufo Antonio Chacón Parada, un joven de apenas 16 años, había ido con su madre a reclamar de forma pacífica por la falta de gas en Táriba, estado de Táchira.
El capitán de corbeta venezolano Rafael Acosta Arévalo murió el sábado pasado tras ser torturado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
