El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó hoy la actualización de la Estrategia de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres, un instrumento clave para fortalecer la resiliencia fiscal del país y asegurar la disponibilidad oportuna de recursos financieros antes, durante y después de la ocurrencia de desastres.
La estrategia, publicada en el Diario Oficial El Peruano, promueve la transición del enfoque tradicionalmente reactivo hacia uno prospectivo y preventivo. Su objetivo es minimizar los costos fiscales asociados a los desastres y fortalecer la capacidad del Estado para disponer oportunamente de los recursos necesarios para su prevención, atención y recuperación.
El MEF explicó que, debido a su ubicación geográfica y a diversos factores socioeconómicos, el Perú enfrenta una exposición permanente al riesgo de desastres. Históricamente, los eventos hidrometeorológicos, como el Fenómeno El Niño, han generado severas pérdidas económicas.
Esta situación, sumada a la rápida urbanización y al incremento del valor de los activos públicos, hace necesario actualizar el marco estratégico de actuación del Estado. Para ello, se busca fortalecer la gobernanza de la gestión financiera del riesgo de desastres mediante una mayor articulación interinstitucional, una definición clara de responsabilidades y la planificación, priorización e implementación de instrumentos financieros que permitan gestionar oportunamente estos riesgos.
La estrategia se sustenta en cuatro líneas estratégicas que requieren la participación articulada de los tres niveles de gobierno y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD):
1. Identificar y cuantificar el riesgo fiscal de desastres: Los desastres pueden generar grandes costos fiscales imprevistos y ejercer una enorme presión sobre las finanzas públicas. La identificación y cuantificación de los riesgos permitirán prever fondos y asignar recursos ex ante, de manera más eficiente, en cada uno de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres para mitigar los potenciales efectos de estos eventos.
2. Gestionar y priorizar instrumentos financieros para enfrentar el riesgo fiscal de desastres: Combinación eficiente de mecanismos de retención de riesgo (asignaciones presupuestales, líneas de crédito contingentes, Fondo de Estabilización Fiscal, entre otros) y transferencia del riesgo (como los seguros agrícolas, de Asociaciones Público-Privadas, entre otros instrumentos que se desarrollen).
3. Fortalecer la resiliencia de la inversión pública ante el riesgo de desastres: Para minimizar las pérdidas económicas asociadas a la ocurrencia de desastres, resulta fundamental fortalecer la resiliencia de la infraestructura pública, incorporando de manera integral la Gestión del Riesgo de Desastres en todas las fases del ciclo de inversión. Ello implica que las nuevas inversiones públicas contemplen, desde su formulación y diseño hasta su ejecución y operación, criterios de prevención, reducción del riesgo y adaptación frente a desastres.
4. Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres del Sistema de Seguros Nacional: Promover el desarrollo del mercado asegurador con mayores capacidades para identificar, cuantificar, evaluar y gestionar los riesgos de desastres, facilitando el diseño y la oferta de productos de seguros adecuados a los distintos niveles de exposición y necesidades de cobertura. Ello contribuirá a ampliar el acceso a mecanismos de protección financiera para fortalecer la capacidad de respuesta y recuperación frente a desastres.
El MEF destacó que la estrategia no solo busca a fortalecer la respuesta ante emergencias, sino que también busca impulsar intervenciones preventivas y de mitigación que contribuyan a reducir sostenible la vulnerabilidad del país frente a los desastres.
La actualización de esta estrategia contó con la asistencia técnica del Banco Mundial y contribuirá a fortalecer la gestión de los riesgos fiscales asociados a desastres, en línea con las mejores prácticas internacionales, particularmente aquellas promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
